El presidente Nicolás Maduro, autodenominado Primer Presidente Obrero de Venezuela, ordenó un incremento del salario mínimo de 30% a partir del 1º de mayo de 2014. En noviembre del año anterior había ordenado el recorte de precios de electrodomésticos importados, anunciando el establecimiento de un tope de 30% como ganancia “justa” máxima, a pesar de lo cual el IPC se incrementó casi 60% de diciembre de 2012 a diciembre de 2013. Aun cuando el gobierno negó sistemáticamente la existencia del dólar paralelo durante 2013, a principios de 2014 anunció la creación del SICAD II y admitió la realización legal de transacciones a un precio por dólar cinco veces mayor al del SICAD I y ocho veces superior al de CADIVI, ahora CENCOEX.

A pesar de la “guerra económica” que el gobierno decía sostener contra especuladores y contrarrevolucionarios, para el Directorio del BCV “el 2014 prometía empezar en un clima desasosiego y de paz tanto económica como política”. Para la cabeza del BCV, sin embargo, las protestas iniciadas en febrero de 2014 fueron convertidas en “violencia callejera desbocada, … afectando el normal desempeño de las fuerzas productivas, el comercio, la distribución y, en general, la vida económica nacional… [ocasionando] a su vez serias consecuencias en términos de comportamiento de las variables asociadas a la producción y a los precios de los bienes, en particular los alimentos”. A estos eventos atribuye que la inflación de diciembre 2013 a marzo 2014 se acerque a un preocupante 10% y que, según el emisor, se mantenga una “seria tendencia a continuar impactando los resultados del mes de abril”.

Atribuir a la “violencia callejera” el incremento de los precios es cuando menos discutible. Según diversos voceros del gobierno, la violencia no habría ocurrido en todo el país. Según el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, “Caracas es territorio de paz” (22.04.14). Según el Ministro de Turismo, Andrés Izarra, durante los días de Semana Santa “el pueblo venezolano” se movilizó “en paz y armonía” dando “una estocada final” a los grupos violentos. El desplazamiento de temporadistas por vías marítimas, aéreas y terrestres se habría incrementado 40% en comparación con el asueto de Semana Santa  2013 (18 y 21.04.14). Por lo tanto la violencia no habría tenido un impacto tan determinante y duradero sobre las actividades económicas como el que le atribuye el BCV. Por otro lado, otras razones para el aumento de precios estaban disponibles y no fueron reconocidas. Por ejemplo, el ministro de Alimentación, Félix Osorio, reconoció un mes antes de Semana Santa que los precios de Mercal “se han ido adecuando, poco a poco” porque "es necesario. El subsidio no se queda corto, pero ya es necesario porque es una grosería. Por el subsidio tan grande que existe somos víctimas de robo por todas partes. En la frontera nos quieren robar, en todas partes nos quieren robar. Llevarse un producto de Mercal es más rentable que traficar droga. Sin riesgo, es alimento y el precio allá (en Colombia) es una gran diferencia" (20.03.14).

Más allá del papel que el gobierno atribuye a la especulación (y ahora a la violencia) al plantear su “ofensiva económica”, es evidente que el aumento del salario mínimo no compensará la inflación pasada ni la que es de temer para 2014. Y que, lamentablemente, el empobrecimiento que esto supone no puede revertirse únicamente exigiendo (y obteniendo) un incremento superior.  Sirva como ejemplo el caso de SIDOR. Según la Memoria del Ministerio de Industrias, la productividad laboral de la empresa pasó de 446 a 110  TM/trabajador de 2009 a 2013. Durante el mismo período el costo promedio anual (nominal) pasó de Bs. 204.800 a 413.735 y el total de pasivos laborales de 302.779.494 a 2.417.961.634. En esta empresa se refleja el problema de otras, igualmente afectadas por la obsolescencia tecnológica, la sobrevaluación cambiaria, los controles de precios y la nueva LOTTT. A diferencia de las empresas privadas, que se retiran o simplemente no son creadas, con graves consecuencias para la generación de empleo e ingresos laborales, SIDOR es actualmente una empresa pública. Lo que no basta para que, como ocurre con Mercal, pueda cumplir con lo que de ella esperan sus beneficiarios.

Urge reconocer el fracaso del actual modelo económico y avanzar en cambios graduales hacia un sistema que alivie las tensiones agravadas por negar la existencia de relaciones mercantiles. La productividad del trabajo no depende sólo del esfuerzo que realiza el trabajador: depende del contexto dentro del cual lo realiza. En nuestro país, ese esfuerzo se está perdiendo y la pérdida de nuestro poder adquisitivo es una prueba más de ello.

Ronald Balza / Economista

rbalza@ucab.edu.ve