Una auditoría sobre las viviendas entregadas por el Estado, a través de los programas sociales realizará la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, para determinar el número y condiciones de las soluciones habitacionales. Esto a propósito de la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley que otorgará propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda Venezuela (MVV) y otros programas sociales.
Al hacer la propuesta el Jefe de la bancada de la Unidad, Julio Borges, explicó que “el Gobierno es dueño de la casa” de los que hoy viven en algunos de los complejos habitacionales construidos por el Estado. Explicó que a partir de este instrumento legal, la familia será “dueña de su futuro”.
El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Ricardo Molina, calificó el texto como “absurda, impertinente e improponible”. A juicio del parlamentario se estaría violando la Constitución y las leyes de Registros y Notarías y la de Misiones y Grandes Misiones, así como la progresividad de los derechos.
El partido de gobierno anunció que discutirá en la calle el proyecto de ley, en la búsqueda del rechazo popular. Sobre este aspecto, el diputado Ismael León, invitó a su colega a visitar cualquiera de los complejos para constatar las condiciones; así mismo denunció presiones a los habitantes de la MVV para que se pronuncien contra el texto legal.
