17-05-2019

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) decidieron este viernes sacar de su lista negra de paraísos fiscales a Aruba, Barbados y Bermudas, luego de que estos países se comprometieran a hacer cambios en su legislación para abordar los problemas identificados por las autoridades comunitarias. En el repertorio, puesto en marcha en 2017, quedan por tanto 12 jurisdicciones: Samoa Americana, Belice, Dominica, Fiji, Guam, las Islas Marshall, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, los Emiratos Árabes Unidos, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu.


Según explicó el Consejo de ministros de la UE en un comunicado, Barbados ha presentado "compromisos de alto nivel político" para solucionar las cuestiones relativas a su régimen de trato fiscal preferencial, que había sido sustituido por una medida que tiene un efecto similar. Bermudas ha cumplido parte de los compromisos que había hecho en el pasado, pero aún tiene que abordar las preocupaciones comunitarias sobre los fondos de inversión colectiva.


En consecuencia, Barbados y Bermudas saldrán de la lista negra de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal, pero pasarán a la denominada lista gris, en la que se encuentran aquellos países que aún presentan problemas, pero han prometido enmendarlos. Aruba, por el contrario, ha implementado los compromisos que había hecho con respecto a su sistema fiscal y saldrá tanto de la lista negra como de la gris.


La Unión Europea actualiza regularmente su lista negra de paraísos fiscales sobre la base de evaluaciones periódicas, la última de las cuales tuvo lugar en marzo pasado. A partir de 2020, se harán dos revisiones al año, en las que se comprobará el desempeño de los países con respecto a los tres criterios fundamentales en que se basa la lista: la transparencia, la justicia fiscal y el respeto a las normas internacionales para evitar el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible.


Pese a que las jurisdicciones que acaban en este repertorio no se enfrentan a sanciones, la UE defiende su eficacia a la hora de empujar a los países a llevar a cabo reformas que ayudarán a evitar la evasión fiscal, aunque solo sea para evitar el daño reputacional que supone aparecer en el listado.


Actualidad Laboral / Con información de DW