En los últimos años, la dilatación gradual del posicionamiento hegemónico del Gobierno ha quedado evidenciado no sólo por la supresión del poder fáctico de trabajadores -y empleadores- sino por el consecuente deterioro de la autonomía institucional, la politización de la administración del marco legal y normativo, y la militarización de actividades socio-productivas, redundando en altos niveles de conflictividad.

Además del paralelismo, la fragmentación y el impulso a la cogestión, la sustitución de funciones sindicales ha formado parte del amplio repertorio de tácticas oficiales de control. Figuras como los Delegados y Consejos de Prevención, así como los Consejos de Trabajadores -éstos últimos formalizados en la Ley del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores promulgada en el año 2012 (Art. 497)- han pretendido vaciar de sentido la función sindical. Aunado a ello, el esquema de acción oficial contempló, a partir del año 2009, la necesidad de desarticular la negociación colectiva en las empresas del Estado, como una forma eficaz de lograr gradualmente la pretendida descomposición de la organización sindical y el consecuente control oficial. A propósito de ello, en el año 2009 se filtró en la prensa nacional un documento oficial intitulado, "Políticas Laborales y Negociación Colectiva 2009", que “…dicta los pasos a seguir para lograr la transición al socialismo”[1] y que establece el control centralizado del proceso de negociación colectiva por parte del Estado. Fundamenta esta decisión la premisa de que, siendo la negociación colectiva un proceso esencialmente democrático, por su carácter consensuado, forzaría al Estado a convalidar espacios de deliberación, no sólo inconvenientes, sino contradictorios a la lógica gubernamental hegemónica de control socioproductivo.

En este orden de ideas, en el año 2009 se realizó y aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que dio origen a los “cuerpos combatientes” (Art. 50). Se trata de organizaciones militarizadas que funcionarán tanto en empresas públicas como privadas, y cuya función principal será evitar la paralización de la producción, atentando con ello contra el derecho a huelga de los trabajadores establecido en las leyes. También en 2009 se conformó una Comisión Presidencial para desarrollar el posteriormente denominado Plan Guayana Socialista, un ensayo de control hegemónico que, aunque fracasado en su práctica (prueba de ello es la conformación de una nueva comisión presidencial, anunciada por el Sr. Nicolás Maduro el 16-04-15), ya planteaba “el empoderamiento progresivo hacia el control material de la producción y con proyección social hacia toda la sociedad” [Plan Socialista Guayana 2019 (Al, Fe). Período 2009-2012], así como la “eliminación” del sindicato “porque no es mecanismo de participación, sino un mecanismo de lucha” [Plan Socialista Guayana 2019 (Al, Fe). Período 2009-2012].

Si bien, durante el gobierno del teniente coronel Hugo Chávez se evidenció la intencionalidad hegemónica y totalitaria en torno a la producción, durante el breve lapso de gobierno del señor Nicolás Maduro Moros se ha intensificado el carácter hegemónico militarista, en el que ya no solo se pretende el control institucional, sino el del propio individuo en su relación social más órganica, el trabajo y la comunidad. Es por ello que en el año 2013 se crean por decreto (G.O. Nº 40.157 del 22-04-13) las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (Redi). Se conforman las primeras en las zonas Central, Occidente, Los Llanos, Oriente, Guayana, así como la zona Marítima y Espacios Insulares (G.O. Nº 40.193 del 20-06-13), y se crean las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI. G.O. 40.312 del 10-12-13), adscritas a la circunscripción de las Redi con el fin explícito de que todos los planes gubernamentales se cumplan a través del control directo y militarizado del accionar del individuo en la sociedad, incurriendo con ello en una evidente violación del derecho a la libertad sindical. Ejemplo de esto fue el caso de un grupo de dirigentes de la construcción en el Estado Táchira que llevaban a cabo reclamos laborales ante la empresa privada Xocobeo C.A., razón por la que fueron “invitados” a un destacamento militar para “resolver” el asunto, siendo apresados (12-08-12) y liberados, sólo quince días más tarde, quedándo sometidos al seguimiento de un proceso judicial.

En este orden de ideas, el muy elevado costo político, el fanatismo doctrinario y los intereses particulares de algunos sectores oficiales, entre otros, hacen poco menos que utópico el desmontaje del modelo “revolucionario”, reduciendo a los actores principales de aquél entramado “bélico” a un mero papel de reparto, sin conciencia, tal vez, de que aquél es también el gérmen de su propia destrucción.

Luis Lauriño/ Investigador


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[1] Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. Gobierno Bolivariano de Venezuela. Políticas Laborales y Negociación Colectiva. Abril 2009. Caracas.