La diferencia entre un Consejo de Economía Nacional y un Consejo Nacional de la Economía pareciera ser sólo un asunto semántico. Sin embargo, no es poca la distancia ideológica que separa ambas formas de pretendida institucionalidad.

El primero, concebido en la Constitución Nacional de 1936, aunque sólo puesto en funcionamiento a partir del “Plan de Gobierno de Cuatro Años 1960-1964”, fue concebido como un organismo autónomo, independiente de ideología política alguna, y con carácter consultivo,para la elaboración de un plan de producción nacional y su adecuada distribución.

En suma, se planteaba no sólo la relación orgánica de los actores fundamentales de la producción, sino la creación de un espacio para la concertación pluripartita[1], el consenso productivo, y la promoción del diálogo social, como expresión de los más altos valores democráticos.

El segundo (Consejo Nacional de la Economía Productiva), conformado y puesto en marcha en enero de 2016, muy distante de mostrar algún tipo de independencia o autonomía, por el contrario nació como una iniciativa impulsada y controlada por el Ejecutivo nacional, en su concepción, organización, funcionamiento y alcance.

El Consejo Nacional de la Economía Productiva, al ser concebido bajo control oficial anula de manera exprofesa toda posibilidad de participación y mucho más de conseja, mostrando así el carácter autocrático de la iniciativa. Se hace entonces evidente que la intencionalidad del Consejo es otra, pues un Consejo que no aconseje o que cuando aconseje lo tenga que hacer de forma dirigida no cumplirá su cometido.

Se ha dicho que el Consejo Nacional de la Economía Productiva será una herramienta para “hacerle frente a la guerra no convencional que promueve la derecha..”, es decir, a la autoproclamada “guerra económica”; una ficción creada por Gobierno para expiar sus culpas. En este sentido, cuando el canal de Estado, Venezolana de Televisión (VTV), afirma que, “entre los mecanismos empleados en la guerra económica se encuentran el contrabando de extracción y la reducción deliberada de la producción, alegando falta de algún insumo”, responsabiliza abiertamente al empresariado privado, a ese que justamente hoy utiliza como “aliado” para “librar” la “guerra”.

Al insistir en este argumento insostenible e irresponsable, aunque necesario para exculparse, el Gobierno, cancela toda posibilidad de rectificación, profundizando y acelerando la crisis económica, política y social, aunque haciendo una apuesta temeraria, muy costosa e impredecible en sus consecuencias, la conmoción social.

Otro de los objetivos planteados para el Consejo Nacional de la Economía Productiva es la “construcción de una economía productiva”. Objetivo que, más que una entelequia, es la vulgar expresión del cinismo oficial, toda vez que una economía es productiva en la medida que produce, y sólo se puede producir cuando se promueven las condiciones adecuadas para ello. La gradual destrucción del aparato productivo ha condenado al país a una doble dependencia, la del petróleo, y con ello, a la de las importaciones. De manera que, nuevamente, ese empresariado privado que el Gobierno destruyó, que sigue y que seguirá destruyendo, es el mismo convocado para “construir” la “economía productiva”.

Finalmente mecionaremos, entre otros objetivos del Consejo Nacional de la Economía Productiva, y sólo por su carácter exótico, la pretensión de “impulsar al país como una potencia”. Basta mencionar sólo algunos datos para calibrar esta fantasía, sólo posible en las cuatro paredes de “Palacio”: 1) Según el Índice Global de Competitividad (2015), Venezuela ocupa el puesto 132 de 140 países; 2) En “Eficiencia del Mercado”, una de las categorías que compone el índice, Venezuela ocupa el puesto 140; 3) En el “Ambiente Macroeconómico”, Venezuela ocupa la posición 135; y 4) En “Instituciones”, Venezuela nuevamente ocupa el puesto 140.

En suma, mientras el primer Consejo hizo una apuesta democrática y con visión de futuro, promoviendo la redistribución y el equilibrio del poder, el segundo se ha planteado en términos autocráticos y totalitarios, la concentración absoluta del poder. Y ante esta evidencia, el empresariado privado sólo jugará, en este segundo Consejo, el papel de comparsa que decidan otorgarle.




 

[1] En este se consideró la participación, según el Artículo Segundo del decreto Nº 211, de: “tres graduados en alguna de las facultades o escuelas Universitarias, dos empleados, dos obreros y uno por cada una de las siguientes instituciones o actividades: Banco Central, Banca, Comercio, Industria, Transporte, Agricultura, Cría, Pesca, Hidrocarburos y Minería”. En: Dirección de Industrias. Ministerio de Fomento. Documentos Relacionados con la Política Industrial. Nº 1.504. Caracas. 1964. pp. 3-4.

L.M. Lauriño Torrealba / Investigador

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