En un modelo político socialista o pretendidamente socialista, las relaciones laborales propias del capitalismo, más allá del hecho macroeconómico, son valoradas como objeto de transformación “revolucionaria”, pues en estas radica el “germen” de las desigualdades sociales. En este sentido, el control político del sistema laboral se torna fundamental, con el fin de lograr una favorable distribución del poder que permita la anhelada transformación.

Uno de los más inmediatos y evidentes efectos de la Primera Revolución Industrial (Siglo XVIII), vigente hasta nuestros días, fue la generación de sistemas de relaciones laborales o industriales. Estos sistemas generales al evolucionar redefinieron su estructura y hoy se conforman por: a) Un marco en el que se identifican factores ambientales, como el sistema político, social, económico, tecnológico, entre otros; y en el que se definen las “reglas de juego” -conjunto de normas que regulan el funcionamiento del sistema- tanto en su concepción, como en su administración; así como b) El modelo en sí mismo, definido por el carácter de las relaciones dadas a partir del hecho productivo y en el que interactúan un conjunto de actores -léase el Estado y sus instituciones laborales, así como los trabajadores y empleadores con sus diferentes organizaciones gremiales. En algunos casos también participa la sociedad civil a través de organizaciones especializadas-  y factores del hecho productivo propiamente dicho. Este sistema de relaciones laborales sintetiza una relación de condicionamiento bidireccional, entre el marco y el modelo, que mantiene articuladas sus partes constitutivas a partir de un relativo consenso ideológico de los actores y de una distribución equlibrada del poder, garantizando un determinado grado de “equilibrio”, o si se quiere, la minimización del conflicto a niveles, políticos, sociales y económicos aceptables.

Al asumir la Presidencia de la República, el 2 de febrero de 1999, el teniente coronel Hugo Chávez inició un proceso de cambios, pretendidamente socialistas, que alteró tanto el consenso ideológico como la distribución del poder en el sistema de relaciones laborales.

La redistribución del poder en favor del Estado era fundamental para lograr el control hegemónico y totalitario planteado por la autodenominada “Revolución Bolivariana”. La supresión del poder fáctico de trabajadores y empleadores (atomización y paralelismo de las organizaciones gremiales, así como un planificado proceso de desindustrialización), la programada contracción de la autonomía institucional, así como la politización del marco legal y normativo laboral, son sólo algunos ejemplos de una estrategia política que, no sólo redundó en históricos niveles de conflictividad social y laboral, afectando el aparato productivo -según el informe 2013 del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), la conflictividad pasó de 675 protestas, entre octubre y septiembre de 1990, a 4.410 entre enero y diciembre de 2013, siendo la laboral la primera causa del conflicto- sino en la consecuente concentración total del poder en favor del Estado. Así, el poder hegemónico de este actor laboral se consolidó y dejó en evidencia las abismales diferencias entre un discursivo “poder para” y un fáctico “poder sobre”.

Hasta aquí, el guión, en buena medida expresado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007-2013), se venía cumpliendo gradualmente. Sin embargo, un hecho inesperado ocurrió. El teniente coronel Hugo Chávez murió el 5 de marzo de 2013 y ese mismo día asumiría la presidencia de la República el Sr. Nicolás Maduro. Muy pronto, la popularidad de este último se deterioró -pasó de 50% aproximadamente en marzo de 2013, a un poco más de 36% en mayo de 2014- la situación económica del país se agravó -inflación de 60,9% y escasez superior al 20% para el mes de mayo de 2014- la conflictividad social mostró un “aumento sostenido desde el segundo semestre de 2013” -2.248 protestas, según el OVCS- y la atomización del poder político en el alto gobierno se profundizó -esta situación se hizo más evidente por la publicación de cartas y declaraciones de altos funcionarios del Gobierno, entre junio y julio de 2014, expresando sus contradicciones internas- determinando cambios, tanto en el ritmo, como en la intensidad del proceso de consolidación hegemónica y totalitaria del Estado.

Ante este cuadro, el modelo político empezó a depender más del ejercicio autoritario del poder, así como de la profundización del control del Estado, especialmente sobre el sistema de relaciones laborales, dada “la condición precaria” (Palma, P. Dixit) de la económica nacional. La concentración primaria del poder en el Estado sólo por su nominal procura como un medio para la resolución de las desigualdades sociales se vació de contenidoy se hizo exclusivamente nominal, y ahora sin máscaras, sólo quedó el triste espectáculo de una pugna interna por el poder como un fin.

El control hegemónico del sistema de relaciones laborales, por la supuesta búsqueda de mayores niveles de justicia social, no fue sólo una excusa para la configuraciónde un Gobierno de orientación totalitaria, asido al poder a cualquier precio, sino la reconfirmación de un fraude histórico mundial, cuyo mayor logro socioeconómico lo sintetizan las dramáticas cifras de pobreza (34,2% de personas en situación de pobreza y 29,4% de hogares en la misma situación al primer semestre de 2013. “Serie Pobreza 1s997-2s2013” en: http://www.ine.gov.ve/).

En suma, sólo en el marco de una economía sana y productiva podrán reducirse de manera sostenible las desigualdades sociales y ello dependerá, entre otras razones, del relativo equilibrio del sistema productivo. Pero éste, a su vez dependerá del logro de un auténtico consenso ideológico y de una adecuada redistribución del poder. Y es allí donde radica la mayor complejidad del problema, pues quien hoy concentra el poder de manera totalitaria, paradójicamente sólo podrá mantenerlo de manera democrática, entendiendo que en la democracia no hay medias tintas, pues se es o no demócrata.

Luis Lauriño / Investigador
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