Lamentablemente, el gobierno nos tiene acostumbrado a iniciativas económicas que se anuncian con bombos y platillos y que posteriormente: o fenecen al nacer (como la cría doméstica de conejos) o en el proceso de implementación van perdiendo credibilidad por un sin número de razones, hasta quedar en el olvido a la espera de la próxima idea genial que tiende a sufrir igual suerte. En esta última categoría se encuentra el Petro. Lo que al principio pareció una audaz idea para dolarizar la economía sin admitirlo, utilizando una tecnología de última generación cuya aceptación generalizada está aún en veremos, va quedando como otro ensayo fallido más.

La idea de monetizar reservas petroleras como respaldo de obligaciones del estado mientras estas se encuentran aún en el subsuelo no era necesariamente descabellada, pero de por sí necesitaba un marco institucional muy fuerte y creíble para los potenciales inversionistas. ¿Cómo se iba a convertir esos 5.000 millones de barriles en un bien fungible? ¿Quién tendría la responsabilidad de extraerlos y comercializarlos? ¿A qué precio de costo hasta el mercado de consumo para que el valor restante fuera el respaldo neto por barril extraído? Todas preguntas para las que hasta la fecha no hay respuesta.

A esas complicaciones iniciales había que añadirle el hacer el ensayo en el mercado incipiente, y por ende volátil, de las criptomonedas. La lógica de ese mercado es la de un intercambio entre interesados al margen del sistema bancario y monetario mundial establecido, permitiendo transacciones entre contrapartes que escapan el escrutinio de entes reguladores y otros ojos incómodos. Esta realidad hacía de por sí difícil pensar que un Estado-Gobierno, y en particular uno que viene de socavar su credibilidad a mantener en default o cesación de pagos selectivas a su deuda soberana y petrolera, pudiera terciar exitosamente en el criptomercado.

Para superar algunos de estos impedimentos, el gobierno venezolano decidió inicialmente jugar de acuerdo las criptoreglas. La primera de ellas es que hay que redactar una estricta hoja de términos o “white paper” en el criptoléxico. En ella deben explicitarse todos los pormenores de garantías, forma de intercambiar, plataforma a utilizarse para las transacciones, etc. Lo segundo, a riesgo de decir una perogrullada, es cumplir paso a paso lo que se ha plasmado en el “white paper”. Por lo visto, hasta ahí fue que nos llevó el río.

La plataforma según el white paper era la Etheron, segunda en prestigio después de Bitcoin, pero al lanzar la oferta había migrado a otra menos confiable, cuyo operador, por demás, negó que ahí se negociaran Petros. Para colmo, luego de anunciar que los Petros servirían para pagar impuestos, salarios y servicios públicos en Venezuela, resultó que no habría como comprarlos con bolívares, ya que a alguien se le había olvidado el pequeño detalle de que si no despenalizaban el cambio libre entre particulares, nada de lo que anunciaban en cuanto a pagos locales era factible.

Los mercados, que no son tontos, se dieron cuenta que la hoja de términos no era un instrumento esculpido en piedra como las Tablas de la Ley, sino uno que mutaba constantemente de acuerdo a los caprichos de Miraflores. No debe sorprender entonces que a la fecha no se haya contratado operaciones, ya que las rimbombantes cifras en torno a los $700 millones anunciada originalmente y que ya va por los $3,000 millones, no son de operaciones sino tan solo de manifestaciones de interés.

Lamentablemente, todos estos ejercicios de ensayo y error, sin validar lo que se propone con conocedores del tema, no ha contribuida en un ápice a combatir la hiperinflación. Con la inmensa mayoría de los economistas de todo el espectro ideológico, desde liberales a marxistas pasando por keynesianos y socialistas casi en consenso en cuanto a las medidas macro que hay que implementar, es un gran misterio porque el ejecutivo persiste en su política recurrente de ensayo, error y fracaso.

Aurelio Concheso / Ingeniero

@aconcheso