Se levanta muy temprano en la mañana cuando aun no ha salido el sol, se pone su traje de trabajo, sale caminando a buscar su carro sorteando los peligros de la delincuencia, trata de que no lo reconozcan porque en estos tiempos es peligroso ser superhéroe en este país, llega a su negocio, voltea para los lados, esta vez le preocupa más la policía y los organismos del Estado que los ladrones, afuera se aglomera la gente con ojos esperanzados... gente, que sí lo reconoce tal cual es. Se trata de nada más y nada menos que de un empresario venezolano, uno de los pocos que van quedando en el país y a quien de seguro extrañaremos muy pronto.

Se trata de una especie en extinción, como los elefantes que caza la nobleza en África, víctima de una macabra y feroz aniquilación y exterminio. Nunca antes habíamos asistido a algo tan atroz en el país.

Desde hace tiempo he alertado en esta columna que el Gobierno Nacional ha empezado a incluir en el ordenamiento legal venezolano sanciones de tipo penal para los dueños, directores y altos empleados de las empresas. Esto sería normal si ellos se refiriesen a los mismos tipos delictuales generales. Es decir, robo, hurto, fraude, estafa, entre otros.

Sin embargo, lo preocupante es que las nuevas leyes crean nuevos tipos penales con sanciones desproporcionadas con el supuesto de hecho (o causa) que genera la sanción. Por ejemplo, si un empresario es acusado de boicot según el delito tipificado en la nueva Ley de Precios Justos, sus directores, accionistas y empleados pueden ser condenados a prisión de hasta quince años. Es decir, mucho más que la mayoría de los delitos previstos en el Código Penal y casi igual que un homicidio.

Para poner un ejemplo del carácter represor de la normativa venezolana basta transcribir el texto de la exposición de motivos de la Lottt que señala lo siguiente:

"Se establece que el procedimiento para la sanción se efectuará en estricto resguardo de los principios de legalidad, el derecho a la defensa, racionalidad, proporcionalidad y tipicidad.

Las multas previstas en la Lottt se estimarán con base en Unidades Tributarias, en lugar de ser calculadas sobre salarios mínimos. Se mantienen las causales de amonestación, y se establece además multa por infringir las normas relativas a las modalidades especiales de condiciones de trabajo, como extensión de la sanción pecuniaria por incumplimientos hasta ahora previstos únicamente para el caso de los trabajadores domésticos.

Se señala la multa al patrono incurso en hechos o actos de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral.

Se indican como causas de arresto de seis a quince meses el desacato a la orden de reenganche de un trabajador amparado o trabajadora amparada por fuero sindical o inamovilidad laboral, la violación del derecho a huelga, el incumplimiento u obstrucción a la ejecución de los actos emanados de las autoridades administrativas del trabajo, y el cierre de la fuente de trabajo de manera ilegal e injustificada.

Se norma que los incumplimientos en materia laboral implica la negación o revocatoria de la solvencia laboral".

En otras palabras, para ser empresario en Venezuela un individuo no solamente debe estar dispuesto a invertir su dinero con el riesgo de perderlo, sino que además pone en peligro su integridad personal al poder ser apresado por el simple hecho de ser empresario. Ello sin contar con todos los riesgos personales (robos, secuestros y extorsiones) que un empresario sufre día a día en nuestra querida Venezuela.

Y todavía algunos se preguntan ¿por qué la gente no tiene confianza de invertir en el país y desarrollar empresas exitosas?

Lo que se requiere es una política de Estado que elimine la persecución a los emprendedores y los deje de tratar como sospechosos de integrar mafias o bandas criminales y que por el contrario, los proteja e incentive para que con su ingenio, capital y esfuerzo hagan que el país prospere.

Desde esta columna quiero alertar sobre las graves consecuencias que se van a generar en el país producto de la persecución de los empresarios. Tal y como están las cosas, se debe ser demasiado valiente o estúpido para invertir y emprender una actividad productiva en el país.

Con la persecución de los empresarios se perjudica directamente a la población y en especial el sector más débil de ella. Señores gobernantes por favor detengan esta locura por el bien de todos, la salida no es destruir las inversiones, la solución es un acuerdo nacional que integre e incorpore a todos los sectores de nuestra sociedad.

Juan Carlos Varela / Abogado

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