Si quieres trabajar, mantén la boca cerrada. Criticar al Gobierno cubano conlleva arriesgarse a sufrir acoso en el trabajo o, directamente, perder tu empleo, según denuncia Amnistía Internacional en un informe que analiza el uso del mercado laboral como herramienta adicional de represión. La organización -que no puede realizar visitas oficiales a Cuba- ha explorado el uso arbitrario de las leyes penales, los despidos indiscriminados de empleados públicos y el acoso en el emergente sector privado.

Incluso las personas que no son políticamente activas deben evitar las críticas al Gobierno de Raúl Castro para conservar su trabajo en un país donde el Ejecutivo es el principal empleador: el 72% de los empleos pertenecen al sector público. Su control se extiende al sector privado, sumamente regulado -en agosto las autoridades anunciaron la suspensión del otorgamiento de licencias para numerosas actividades- pese a las reformas económicas emprendidas en 2011 y la apertura a la inversión extranjera.

“Para mantener un empleo en Cuba tienes que estar callado y aguantar lo que ellos (el Gobierno) dicen. Si no, te botan inmediatamente y ya no trabajas más en el país”, asegura un pescador de 46 años que actualmente vive en Tapachula, México. Es uno de los 60 emigrantes cubanos a los que Amnistía Internacional ha entrevistado para desarrollar esta investigación, que recopila decenas de testimonios de todos los sectores sociales que “demuestran que el Estado utiliza su control -como mayor empleador del país y como regulador del sector privado- para silenciar incluso las críticas más sutiles.

"Los despedidos caen en un círculo vicioso: cuando buscan un empleo les dicen que 'ya no son de fiar', lo que en Cuba implica que ya no eres ideológicamente confiable. Cuando se cierran las puertas en el sector estatal intentan trabajar en el sector privado y, allí, el Estado utiliza a la policía o a inspectores para mantener el acoso a esas personas", explica a este diario Louise Tillotson, investigadora de Amnistía Internacional para Cuba.

La mayoría de entrevistados no estaba implicada en ninguna forma de activismo ni vinculada a grupos opositores. Muchos aseguran que nunca había criticado abiertamente el sistema político o económico de la isla. Según AI, las personas que desaprueban las políticas del Gobierno son despedidas arbitrariamente o acosadas por el Estado hasta que dimiten o abandonan el país. Una vez que alguien es despedido del sector público, añade el informe, le resulta casi imposible encontrar otro empleo estatal.

Es el caso de Jorge Luis, un destacado deportista que después de declarar en la televisión estatal que el Gobierno no financia el deporte empezó a verse excluido progresivamente. Terminó despedido porque “ya no reunía los requisitos para el trabajo”. Asegura que le dieron 20 días para encontrar un nuevo empleo o, en caso contrario, la policía el acusaría de “peligrosidad” por no trabajar. Le resultó imposible conseguir un trabajo porque, en todos los lugares a los que acudía, los empleadores le acusaban de ser un “contrarrevolucionario”. Incapaz de mantener a su familia, abandonó Cuba.

Desde hace tres décadas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresa su preocupación por una discriminación en el acceso al empleo basada en la opinión pública. En 1989 denunciaba que “el acceso a la formación y al empleo, así como la evaluación de los trabajadores para la selección y ubicación laboral o para definir los méritos laborales dependen, entre otros factores, de la actitud política”. En sus observaciones posteriores, a partir del año 2000, la OIT se refirió reiteradamente a las denuncias de trato discriminatorio y despidos de profesores universitarios, periodistas y catedráticos. Esta tendencia ha continuado en los últimos años, con información frecuente sobre despidos discriminatorios de estudiantes, académicos, periodistas y sindicalistas independientes.

Actualidad Laboral / Con información de El Confidencial