En los últimos meses el país ha visto surgir un nuevo fenómeno de reventa informal de bienes de primera necesidad al que se le ha denominado “el bachaqueo”. Su existencia se debe claramente a la situación de escasez que vive el país (es tan sencillo como suponer que de estar suficientemente abastecidos los establecimientos este oficio no tendría asidero posible) y su causalidad es plena y directa).

La escasez a su vez se produce por una nefasta combinación de variables macroeconómicas y la poquísima voluntad o capacidad política de respuesta a las mismas. Con el déficit fiscal como base, el debilitamiento de la moneda, la dependencia creciente de las importaciones, las medidas de control (control de cambio, control de precios) así como fuentes de enorme corrupción que han hecho inoperantes a las oficinas de asignación de recursos, constituyen parte del coctel que deriva en una escasez inocultable y cada vez más evidente.

Sabemos también que la caída de los precios petroleros en tiempos recientes agudiza el cuadro en un momento en el que las fuentes de financiamiento y las reservas se secan.

Y es en este contexto en el que surge el bachaqueo como una respuesta casi tan natural como el mercado negro surge a cualquier control de cambio: son anomalías que producen otras de manera automática y poco bueno se puede rescatar de ello.

Existen, claro está, otra serie de consideraciones alrededor de este asunto. Por ejemplo desde una perspectiva ética se discute si esto no es una forma irregular en la que los ciudadanos se sacan provecho unos a otros atendiendo a una necesidad primaria o si constituye más bien una ayuda como sustituto orgánico de la red de distribución formal disminuida.

Desde el punto de vista laboral se ha planteado la hipótesis de que el bachaqueo provee de trabajo a la clase popular y a esta perspectiva se le ha sumado incluso una de orden social y político en la que se insinúa que las posibilidades de conflictividad social disminuyen por distracción, conformismo, redistribución e incluso por constituir en sí misma una fuente de trabajo, es decir, que así como atiende a un problema resuelve otro o al menos lo “estabiliza”.

La verdad es que esto no es un proceso estabilizador, por el contrario es anómico y desestabilizador. La escasez de bienes básicos combinada con subsidios siderales genera un boquete por el que difícilmente no ocurría lo que ocurre. El gobierno es el responsable directo de esta situación y las soluciones propuestas se encuentran en el nivel incorrecto y apuntan hacia la dirección equivocada.

Si estamos refiriéndonos a un problema de origen fiscal poco o nada se logra persiguiendo a la red informal de distribución que el propio gobierno incentiva con las condiciones de mercado que ha creado. Mientras estas condiciones de base existan, el bachaqueo continuará y crecerá. No hay capta huellas, números de cédula, largas colas ni control alguno que lo pueda evitar porque no está ahí la causa. Los subsidios no están funcionando y no están favoreciendo a quienes deberían. Su nivel debe ser sincerado, los mercados abastecidos y entonces comenzarán a dar los efectos deseados. De momento no ayudan a quienes deberían.

Está claro que algunos grupos organizados (y otros que no) echan mano del bachaqueo para subsistir, pero suponer que eso es positivo para la enorme clase popular porque provee una forma de trabajo o una transferencia de ingresos (entre estratos) está fuera de toda proporción. El bachaqueo perjudica y encarece el acceso de la clase popular a los bienes básicos y es absolutamente dañino tanto para el trabajador como para el consumidor. El trabajador bachaquero es por completo informal; no paga impuestos, no está bancarizado, no goza de ningún tipo de beneficios, utiliza activos propios para trabajar y lo hace en condiciones hostiles desde cualquier punto de vista. No es solo un asunto de cuánto gana o “cuánto le saca” a los productos, es necesario considerar las condiciones de trabajo.

Y es que por el contrario toda la informalidad está activada alrededor de la escasez auspiciada por el gobierno. El paisaje dibuja largas colas para comprar, vendedores de empanadas, chucherías, frutas, mototaxis y una mesa con tres celulares prepago (uno por cada operadora) sobre una improvisada tabla de madera en cualquier lugar de la ciudad.

La gran clase popular así como trabaja consume y ve cómo se le imposibilita cada vez más, vía precio o vía escasez, el acceso a productos muy básicos. La conflictividad social que se vive es enorme y creciente porque la gente ya percibe como propios los problemas del país.

Queda claro que las condiciones informales de trabajo no estabilizan a nadie ni traen bienestar al trabajador ni al consumidor.

Rafael Ignacio Suárez / Sociólogo

@nacho_suarez