La Historia es valorada comúnmente en nuestra sociedad como una actividad marginal que, en el mejor de los casos, dilata la cultura general de quien osa hurgar en su terreno. En contrasentido, tengo la convicción de que ésta, al ser comprendida como un proceso, difumina las nociones del tiempo físico -pasado/presente/futuro- lo que invita a recalibrar el valor sociopolítico de la misma, en el sentido de que el presente no sólo no puede explicarse sin el pasado, sino que éste forma parte de un conjunto indivisible en el que también se conjuga el futuro. En este sentido, algunos académicos han venido elaborando el interesante constructo de la “tiranía del momento”, entre ellos, Thomas Hylland Eriksen, quien publicó en el año 2001 un trabajo titulado Tyranny of the Moment: Fast and Slow Time in the Information Age.

Según mi interpretación, tal expresión plantea la idea de que vivimos mediatizados por el momento actual, es decir, nuestra experiencia vital, y en consecuencia lo que estimamos, es estrictamente contemporáneo, por lo que se circunscribe y se explica en los rígidos límites del presente, ni más adelante, ni, por supuesto, más atrás. La aproximación anterior toma mayor relevancia cuando la sociedad que vive, o “mejor”, adolece, la “tiranía del momento” -caso de la sociedad venezolana- se encuentra inmersa en una crisis estructural, pues en buena medida la comprensión de sus problemas originarios, así como de sus alternativas, dependerá de la ruptura de dicha “tiranía”, constituyéndose en una clave medular que articularía orgánicamente el pasado, el presente y el futuro en el denominado “tiempo histórico” (Carrera, G. Dixit).

Dicho lo anterior, me referiré muy esquemáticamente a una tendencia peligrosamente recurrente: 1) por la excesiva valoración de la utilidad productiva y el consecuente pragmatismo asociado, ante el significado integral de la democracia y sus implicaciones en cuanto a la participación equilibrada de los actores del sistema productivo; 2) por el muy incipiente desarrollo de la conciencia acerca de la función social del empresariado para el desarrollo, la estabilidad y la consolidación definitiva del sistema liberal democrático, dado el desconocimiento, desdeño, y en algún caso, desprecio del pasado.

El proceso de desarrollo industrial de la Venezuela republicana se inició, en sus fase embrionaria, según algunos estudiosos, a partir de 1824, cuando se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con los Estados Unidos, permitiendo la adopción de tecnologías y conocimientos técnicos inexistentes, a través de los empresarios y comerciantes extranjeros que ahora llegaban al país. Aquel empresario preindustrial, vigente hasta la tercera década del siglo XX, se caracterizó, en lo ideológico, por preconizar una doctrina liberal clásica, según la cual, la actividad productiva debía llevarse a cabo con plena libertad y en un ambiente absolutamente armónico.

De esta forma, a partir de los años veinte del siglo XX se inició el proceso de desarrollo de la actividad petrolera industrial con el descubrimiento y explotación de los pozos Zumaque I (1914) y  Los Barrosos II (1922), que impulsó a su vez el desarrollo de la pequeña industria manufacturera a partir de 1936. Fue a partir de este mismo año cuando, cambios institucionales, normativos, organizacionales, contextuales e ideológicos permitieron, al articularse, la configuración de unas relaciones sociales de producción de mayor complejidad. Las relaciones elementales -patrono y Estado/Gobierno- tenían un nuevo actor, el trabajador que comenzaba a organizarse en sindicatos y a determinar las formas de distribución del poder y de la participación socioeconómica, así como la revisión del tácito consenso ideológico -liberalismo clásico-, ahora confrontado por las doctrinas marxista-leninista y socialdemócrata, apalancadas por un nuevo marco regulatorio. A este cuadro se sumó el llamado “intervencionismo económico” del Estado, una tendencia global, al menos en buena parte del mundo occidental, resultante del “crash” de 1929 y adoptada en Venezuela tras la muerte del General Juan Vicente Gómez.

Lo señalado hasta ahora de forma sumaria determinó una ruptura en el consenso ideológico de aquellos actores de la producción. El intervencionismo del Estado y el que supuso la novel actividad sindical comenzó a significar para el empresariado un peligroso obstáculo para el avance de la libre empresa, si bien era evidente la necesidad de cierto grado de regulación estatal, particularmente en las extremadamente inequitativas relaciones sociales de producción. Aquella situación no fue entendida por el empresariado, salvo por algunas excepciones, como un aspecto clave para la creación de los espacios necesarios para el ejercicio del poder público, y en consecuencia para la tributación del proceso de instauración de la “república liberal democrática”. De esta forma y llevadas al extremo las relaciones entre el Estado y el empresariado derivaron en la estimación de soluciones rápidas y de facto, para las cuales apareció, naturalmente, la opción militar, concebida por demás en la mitología nacional como un sinónimo de orden y progreso material.

De esta forma, observamos la anuencia de, al menos buena parte del empresariado, en relación a los golpes de estado del 18/10/45 y del 24/11/48. En la revista Producción de octubre del 45 podía leerse: “Con entusiasmo de una parturienta primeriza ha recibido el pueblo de Venezuela el advenimiento de un nuevo gobierno creado como una consecuencia del afortunado golpe de Estado llevado acabo por la juventud militar para poner término a una etapa angustiosa de nuestra vida institucional”. Asimismo, Rómulo Gallegos señaló en octubre del 48 que: "Paralelo a ese antagonismo entre el poder civil y el poderío militar que tiene en Venezuela carácter histórico, venía desarrollándose y acentuándose el que se planteaba entre los tenedores de las fuerzas económicas más poderosas del país y la política de democratización de la riqueza y de justa remuneración del trabajo”, a lo que añadió, que de las “poderosas fuerzas económicas las del capital venezolano sin sensibilidad social (…) no era dable esperar que aceptase de buen grado las limitaciones que les hemos impuesto en justa defensa del bienestar colectivo…”; atribuyéndoles expresa responsabilidad en el golpe de estado.

Como una muestra de reconocimiento de la armonía productiva y del “progreso material”, aún al más alto costo social y político, el de la libertad, el 9 de enero de 1957, “la industria, el comercio y la banca de Venezuela” hicieron un homenaje  al dictador, General Marcos Pérez Jiménez, en el que se quiso “…demostrar su reconocimiento al gobernante que ha sabido conducir los destinos de la Patria con tal acierto que, en pocos años, la Nación ha alcanzado un progreso sin precedentes”. En este mismo orden de ideas, años más tarde y ante una difícil coyuntura económica, una parte del empresarido apreció nuevamente la alternativa militar como fórmula para sortear las dificultades, esta vez brindando su apoyo económico y mediático a un personaje notoriamente capaz de violentar el estado de derecho y el sistema democrático, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, con la promesa o el anhelo de salir de forma expedita de una crisis por medio del “orden” y la “mano dura” militar. En este caso, sobran los ejemplos, ya no sólo de un pasado mediato, sino también del presente, que demuestran la vigencia de la “antihistórica” tendencia a vivir encerrados en nuestro propio presente. No nos extrañe pues que la tiranía de este momento pueda explicarse también por la “tiranía del momento”.

Luis Lauriño / Investigador

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