Durante los últimos años los presupuestos presentados por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional han sido deliberadamente subestimados. Argumentando prudencia, se han calculado los ingresos utilizando como precio del petróleo la mitad del estimado para la fecha. Sin embargo, temerariamente se han subestimado los gastos. Se hacen cálculos suponiendo tasas de inflación menores a las esperadas, y tipos de cambio que son insostenibles. Además, se ignoran ajustes previsibles en el salario mínimo, que suelen anunciarse en el cuarto mes de cada año y afectan los ocho meses restantes. El aumento del salario mínimo, hecho en una o dos partes por año, tiene impacto sobre pensiones, prestaciones, aguinaldos, vacaciones y otros beneficios laborales, a tener en cuenta durante el año en curso y los siguientes. La creciente participación del empleo público y la reciente LOTTT hacen de estas, partidas cada vez más pesadas.

La subestimación de los gastos obliga al gobierno a obtener recursos extrapresupuestarios para cumplir compromisos que se impone a sí mismo. Al elegir cuáles debe cumplir elige cuáles prefiere ignorar.  Presupuestos universitarios y contratos colectivos se incluyen en la lista de los postergados, generando condiciones para conflictos laborales en el sector público. Estos conflictos se hacen más probables a medida que se incrementa la inflación, impulsada por el uso de reservas internacionales y la emisión de dinero para cubrir los gastos que el gobierno prefiera hacer. Si a los conflictos en el sector público se suman los del sector privado, cuyos precios controlados no reconocen crecientes costos laborales, la situación se complica. Cuando empresas privadas se retiran de su actividad económica, los empleos y productos que generan se pierden. Si el gobierno pretende asumir sus funciones, como en el caso de Clorox, debe incluir las remuneraciones de los empleados en su presupuesto, tanto como los ingresos por ventas de sus productos. Al subestimar ambas partidas potencia los problemas de inflación, escasez y conflictividad laboral que comentamos.

Un presupuesto mal formulado traslada y agrava los problemas en el tiempo. Un ejemplo es el presupuesto de 2012, que cumplió sus metas de crecimiento, inflación y tipo de cambio oficial al enorme costo que ha significado su insostenibilidad en 2013 y 2014. En 2015 el presupuesto debería reconocer una inflación no menor a 50%, un ajuste de salario mínimo para todo 2015 y un tipo de cambio superior a Bs. 6,30 por dólar. Debería estimar el precio del petróleo en torno a US$ 80 por barril e incluir en el presupuesto los ingresos utilizados por PDVSA, FONDEN, Fondo Chino y otros fondos parafiscales para gastos del Ejecutivo. Sin un presupuesto bien elaborado en 2015, los problemas de 2016 serán aun peores que los que ya conocemos.

Ronal Balza Guanipa / Economista

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