En general, las relaciones de trabajo en el país están caracterizadas por una profunda debilidad institucional de los actores, los cuales se manejan en un clima en el que destacan la polarización y la fragmentación, como consecuencia de importantes diferencias ideológicas y programáticas. Particularmente la dirigencia sindical no ha podido llevar adelante el reto de una “refundación o reconstrucción”, con serias limitaciones para poder consolidar una unidad, al menos programática, que de respuesta a las necesidades de todos los trabajadores del país. Por el contrario, buena parte de la dirigencia se encuentra desconectada de las bases de trabajadores, entre otras cosas como consecuencia de un proceso de aburguesamiento que muchas veces resulta de actividades poco éticas y del aprovechamiento de los beneficios propios de su posición.

La polarización y fragmentación sindical a la que nos referimos, en el sector construcción se hace explícita a partir del reconocimiento de diferentes Federaciones y de más de treinta organizaciones y movimientos sindicales  con alcance regional o nacional; los acuerdos entre ellos llegan tan sólo a la firma de un convenio colectivo en cuya discusión no todos participan y que aunque es a lo interno muy competitivo, deja pendiente temas que para algunos constituyen los más importantes en relación con la calidad de vida de los trabajadores. Los responsables de los procesos de relaciones laborales de cualquier organización del sector muchas veces deben negociar con más de un actor, mientras tienen lugar juegos de poder entre los propios dirigentes para el control definitivo de una región o una obra.

Más allá de lo que está definido formalmente en el convenio, las relaciones de trabajo en el sector exigen procesos de negociación que en la práctica resultan sumamente complejos, incluimos un par de ejemplos:

a)     El responsable de un proyecto de construcción no puede simplemente definir la cantidad de personal que requiere atendiendo a las exigencias de la obra y el tipo de construcción, por el contrario, la estimación sobre la cantidad de obreros especializados y no especializados requeridos debe ser debatida y negociada con los trabajadores, sin que sean relevantes los criterios de productividad.

b)     La asignación formal de un cargo a un trabajador, según los niveles considerados en la propia convención, no ocurre en contraste con una referencia cierta del perfil de exigencias de dicho cargo, por el contrario, los dirigentes sindicales normalmente esperan que todos los trabajadores sean clasificados en los máximos niveles posibles, mientras que los responsables de las obras deben evaluar en campo las habilidades y destrezas para encontrar argumentos con los que “intentan” implementar un proceso más objetivo.

No es de extrañarnos que el sector construcción sea uno de los de mayores niveles de conflictividad laboral en el país. En 2013, según los informes de Provea, ocurrieron 4.412 conflictos en el país, de los cuales el 40% estuvo asociado a reclamos laborales. En el sector construcción, según un estudio realizado por Dede y González (2013) mediante la revisión de los casos registrados en prensa, ocurren 50 conflictos por año, de los cuales un 70% responde a causas no asociados a demandas vinculadas a la convención colectiva, tales como, el reclamo por la reactivación de obras y el paralelismo sindical. Usualmente, las soluciones a estos conflictos son desconocidas y parecen implicar acuerdos “bajo cuerda” entre los actores; intentar mantener la paz laboral exige jugar un juego complejo y no siempre con reglas claras definidas.

Adicionalmente, el sector construcción emplea grandes cantidades de mano de obra con bajos niveles de formación, con condiciones de trabajo muchas veces precarias y con una gran inestabilidad, pues la asignación de los trabajos suele hacerse por obra, con un protagonismo de la dirigencia sindical, pues la propia cláusula 65 de la convención les otorga la posibilidad de tomar decisiones con respecto al 75% de los cupos por obra. Esta realidad desata un conjunto de actividades ilícitas entre las que destaca la venta de cupos de trabajo, que muchas veces genera disputas a muerte por el control de las obras; en múltiples ocasiones se tejen, en torno a esta actividad, otras actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico o la venta de armas. Para el momento, más de 250 dirigentes sindicales han sido asesinados, en el marco de horribles, y en la mayoría de los casos impunes, casos de “sicariato  sindical”.

Gustavo García / Industriólogo

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