El 1° de abril de 2014 la Unidad de Acción Sindical y Gremial hizo públicos los 6 puntos de un Plan de Acción que, propuso, “debe ser ampliamente difundido, discutido y mejorado por los trabajadores y trabajadoras en asambleas de sus centros de trabajo”. El primer objetivo es lograr un “aumento general de sueldos y salarios y fijación del salario mínimo, tomando como referencia el costo de la canasta alimentaria, como lo prevé la Constitución”, en un país que ha sufrido a un tiempo una inflación cercana al 60% anualizada y una escasez próxima al 30% durante los últimos meses, y donde comienza a aplicarse una modificación del control cambiario cuyos detalles no son aun del todo conocidos.

Aumento salarial es un reclamo frecuente de los sindicatos que, en esta ocasión, se singulariza al leer el diagnóstico del contexto que hace la Unidad: superando la lucha reivindicativa y la defensa de sus intereses de clase (que no abandona), el documento sitúa las causas de los males económicos por encima del conflicto obrero-patronal. Explícitamente establece que “en nuestra lucha por hacer respetar los derechos de los trabajadores ―frente a este gobierno o cualquier otro y frente al patrono privado o público―, insistimos en propiciar una economía que apuntale el desarrollo de nuestras grandes capacidades productivas, a la par de enaltecer el cumplimiento de los derechos asociados al trabajo decente”.

El texto prácticamente comienza declarando que “la crisis que nos agobia tiene expresiones muy notorias no solo en el campo del ejercicio de las libertades, de los derechos civiles y políticos ―que en los últimos tiempos se evidencia un deplorable avance de la intolerancia, del militarismo, de la represión estatal y de las restricciones―, sino en el terreno de los derechos económicos y sociales consagrados en la Constitución y en las leyes; espacio en el cual los retrocesos son más sentidos por toda la población, y en mayor medida por quienes dependemos de un salario, un sueldo o una pensión”. Por ello no basta con reclamar incrementos salariales para compensar el deterioro del poder adquisitivo: “los «aumentos» ―ya sean por decreto o por contrato colectivo― se diluyen en una economía desquiciada, en la cual el dinero no tiene respaldo en la producción nacional de bienes y servicios”.

La Unidad destaca que, en un contexto “antidemocrático” y “antisindical”, en el cual la represión de protestas ha sido aplicada con cárcel y tortura, no puede ignorarse que el “modelo económico estimula la inflación, la especulación y la corrupción, y por consiguiente empobrece a la mayoría y enriquece a unos pocos, a viejas y nuevas oligarquías. La única diferencia con los «paquetazos» de gobiernos anteriores, es el discurso engañoso y manipulador. A final de cuentas todas las medidas, como los ajustes económicos, el alza de los precios y las constantes devaluaciones, son más cargas sobre los hombros del pueblo, de los trabajadores, de los que vivimos de un salario”.

Ronald Balza /Economista

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