Desde hace tiempo el Presidente de la República anuncia un incremento salarial el 1° de mayo de cada año. Se reserva la cifra, manteniendo a los interesados en vilo hasta el día en cuestión. Su poder discrecional se manifiesta en un anuncio que no negocia, que luce unilateral y con determinantes desconocidos, aunque pareciera orientarse a mantener el poder de compra del salario mínimo a pesar de la inflación. El modo de usar dicho poder, sin embargo, pone en evidencia una de las causas de la inflación venezolana.
En 2014 el Presidente presentó un Presupuesto para 2015 ante la Asamblea Nacional que contaba con Bs. 108,8 millardos para gastos por remuneraciones, un 14,7% de un total presupuestado en Bs. 741,7 millardos. Sin embargo, al momento de presentarlo, el gobierno ya estimaba que gastaría al final de 2014 Bs. 148,4 millardos en remuneraciones, el 16,8% de un total estimado en Bs. 881,1 millardos. A pesar de suponer una inflación entre 25 y 30%, el gasto nominal presupuestado para remuneraciones era 36,4% menor que el realizado hasta el momento de presentarlo. La diferencia aumentó durante los tres meses siguientes: el gasto total alcanzó, gracias a créditos adicionales aprobados por la Asamblea durante 2014, Bs 1 billón 144 millardos, 107% por encima del presupuesto para 2014 (Bs 552,6 millardos) y 54,2% sobre lo presupuestado para 2015 (
http://eltiempo.com.ve/venezuela/economia/gobierno-elevo-107-gasto-2014-con-creditos-adicionales/166798).
El Presupuesto presentado en 2014 para 2015 subestimó deliberadamente los gastos, como lo habían hecho los presentados previamente. Esta es una de las razones por las cuales las leyes de presupuesto han subestimado los efectos del gasto sobre la demanda agregada interna y sobre la expansión de la base monetaria. En 2013, por ejemplo, el presupuesto calculaba una expansión primaria de la base monetaria de origen presupuestario de Bs. 125 millardos. Según el anexo estadístico de la Exposición de Motivos de la Ley 2015, la expansión para 2013 fue de Bs. 310,7 millardos, 2,49 veces mayor. El presupuesto para 2014 calculaba la expansión en 164,6 millardos, pero fue de Bs. 434,9 millardos, 2,64 veces mayor. Para 2015, el presupuesto promete expandir la base en Bs. 307,2 millardos, lo que supondría una imposible caída de 29,4% con respecto al año anterior (estimado al presentar el Presupuesto), teniendo en cuenta la subestimación de los gastos laborales: no se incluyeron estimaciones de incrementos salariales durante el año presupuestado, ni sus correspondientes incidencias sobre prestaciones, pensiones y aguinaldos.
Recurrir a créditos adicionales para pagar la nómina del Estado se hizo mecanismo habitual del gobierno, que intencionalmente ha subestimado sus ingresos petroleros sin el propósito de ahorrar excedentes. En 2015 este recurso, de respetarse las condiciones para solicitarlos, no estaría disponible: los precios del petróleo cayeron por debajo de lo presupuestado, así como el crecimiento esperado del PIB, con lo cual los ingresos petroleros y no petroleros deberían ser menores a los calculados. Sin reordenar el gasto público (incluyendo el gasto opaco de PDVSA, FONDEN y Fondo Chino), recurrir al financiamiento directo del BCV para pagar remuneraciones (entre otros gastos) tendría significativos impactos monetarios y, por tanto, inflacionarios.
El gobierno hace mal cuando subestima sus gastos y los efectos de sus gastos. Pretender compensar la pérdida de poder de compra del salario mínimo cada 1° de mayo sin reconocer el impacto inflacionario de financiar incrementos salariales no presupuestados agrava los problemas que pretende resolver. El poder de compra del resto de los asalariados tiende a caer, así como la calidad del empleo, mientras la escasez, la insuficiencia de divisas para la producción y el malestar social se incrementan. Sin un buen Presupuesto no hay incremento salarial que valga.
Ronald Balza / Economista
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