Los más de 7.000 contratados laborales por distintos departamentos de la Administración estatal española en el exterior (desde embajadas a consulados, oficinas comerciales o centros del Instituto Cervantes) irán este lunes a la huelga general por primera vez en su historia y podrían paralizar la actividad de esos servicios. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que concentra el 40% de esos empleados, ha decretado un 25% de servicios mínimos. Los sindicatos convocantes del paro, CSIF, CCOO y UGT, reclaman fundamentalmente una subida media salarial del 25% tras constatar que ese personal lleva ya ocho años con sus sueldos congelados y padecen en algunos de sus países de destino inflaciones desbocadas. El Gobierno reconoce el problema pero sostiene que los salarios nunca se han bajado pese a la crisis y se pasa la patata caliente del conflicto entre distintos departamentos.

El personal laboral de España que realiza su trabajo diario en consulados, embajadas, oficinas comerciales y demás organismos estatales, incluidos el Instituto Cervantes, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Instituto Español de Comercio Exterior, ha sido convocados a su primera huelga general mundial este lunes 16 de octubre. La actuación ha sido fijada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y por CCOO y UGT con la agenda de "reivindicar sueldos justos con la recuperación salarial y el respeto a los trabajadores del servicio exterior".

En la plataforma sindical se plantea un incremento mínimo del 25% como medida de choque para 2017 y alzas adicionales del 10% para 2018 y 2019 y la apertura de una negociación para solucionar los casos más graves.

Los sindicatos estiman que la inflación mundial agregada durante los nueve años de congelación salarial ha superado ya el 25% de media. En algunos países, además, los procesos inflacionarios, a pesar de la devaluación de las monedas, ha sido superior y los representantes sindicales citan especialmente los casos más sangrantes de Argentina y Australia. En muchos de esos países la inflación galopante y las fluctuaciones cambiarias han hecho que hayan perdido un 40% de poder adquisitivo, o hasta el 65% en el caso de los trabajadores de las oficinas técnicas de cooperación.

La recuperación salarial es el punto más caliente y conflictivo aunque se menciona también que sería necesario mejorar los procesos de contratación, las condiciones laborales y los planes de pensiones y su relación con la Seguridad Social.

En el servicio exterior de España hay, en resumen, dos tipos de personal. Los funcionarios desplazados por los distintos Ministerios (normalmente de los cuerpos de élite de la Administración y bien retribuidos) y el personal contratado en el terreno y el local. La huelga y las reivindicaciones están dirigidas sobre todo a estos últimos. Es lo que se conoce como la clase media de la administración exterior del Estado y no tienen un convenio colectivo específico por el que regirse. Los sindicatos calculan que un 60% de los afectados por esta situación son españoles y el resto personal local de cada país.

La mayoría de esos 7.000 trabajadores, unos 5.000, dependen en principio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero hay también personal adscrito al Ministerio de Economía, al de Empleo, al de Presidencia y a Defensa. Los representantes de los trabajadores han establecido desde hace tiempo una negociación para actualizar su situación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en una mesa con la comisión técnica del personal laboral en el exterior, pero sin apenas resultados. En la última convocatoria celebrada, antes del verano en junio, los sindicatos reclamaron la revisión salarial paralizada desde 2009, unas elecciones sindicales como requiere la Unión Europea y una adecuación del reglamento europeo para el pago de las pensiones. Exteriores recurrió para ganar tiempo al argumento de que la dirección general de la Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, debía pronunciarse y no se ha resuelto el conflicto.

La ley de Acción del Servicio Exterior de 2014 solo especifica que "el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará y, en su caso, actualizará las retribuciones del personal laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias específica de cada país". Y eso es lo que figura en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 y no hay mucho optimismo ante el bloqueo en la negociación presupuestaria para 2017 y 2018.

El planteamiento de la huelga fijada para empezar este lunes a las seis de la mañana y hasta las nueve de la noche es general, en todos los departamentos y para todo el personal, pero hay peculiaridades y países con una problemática más grave que se citan en primer lugar. Son los casos, sobre todo, de Argentina y Australia, que han padecido una inflación descontrolada y cuyo personal exterior de España ya ha convocado varias huelgas y paros parciales.

Los primeros en ponerse en huelga fueron, en la pasada primavera, los trabajadores españoles en Argentina, país con la mayor colonia española (400.000 personas) y con unos 200 contratados laborales y donde la inflación ha llegado a límites del 45%.

En el consulado de Sidney se llegó a paralizar la actividad durante 35 días porque hay personal que cobra entre 2.400 y 2.700 dólares australianos y tienen que vivir a las afueras de la capital porque no pueden afrontar los alquileres al ganar sueldos por debajo del salario mínimo (fijado allí sobre los 700 dólares a la semana).

Los ocho trabajadores de ese consulado han conseguido el interés del Defensor del Pueblo en España, que ha preguntado por el asunto a la Secretaría de Estado de Exteriores. Los sindicatos aseguran que en Australia la inflación acumulada desde 2009 es del 20% y los sueldos allí han subido un 25% en general y un 36,4% en el sector público. Ellos tienen la paga congelada desde entonces. Exteriores está buscando una salida urgente para este caso.

En Marruecos, donde se sitúa una de las embajadas con más personal de España en el exterior y con múltiples intereses bilaterales, hay personal trabajando en hospital españoles por entre 300 y 500 euros y un auxiliar administrativo con el dominio de varios idiomas y que lleva un tema tan conflictivo como las licencias de pesca de los barcos españoles que gana 1.400 euros.

Actualidad Laboral / Con información de El País

Foto: Ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis