El máximo fiscal de Brasil acusó el martes al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de encabezar una organización criminal junto con varios de sus aliados políticos a fin de obtener millones de dólares en sobornos.

El fiscal general Rodrigo Janot también nombró a la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, y a varios miembros de sus gobiernos y partido en los cargos interpuestos ante el Supremo Tribunal Federal. Los acusó de orquestar el recibo de alrededor de 480 millones de dólares en sobornos obtenidos entre 2002 y 2016 a través de su control en los organismos estatales.

Esas fechas coinciden con los mandatos de Lula y Rousseff. Lula fue electo en 2002 y Rousseff tomó el cargo al concluir el segundo periodo de él. Fue destituida en 2016 por el manejo ilegal del presupuesto federal.

Las acusaciones forman parte de una enorme investigación sobre una red para inflar contratos estatales con el fin de pagarles sobornos a políticos. La pesquisa ya generó el arresto de decenas de empresarios y políticos, y ahora las autoridades al frente de la investigación deben decidir si aceptarán la impugnación.

Lula enfrenta varios cargos y ya fue sentenciado por uno de ellos a nueve años y medio de prisión. La condena está pendiente en lo que se resuelve su apelación.

Al igual que Rousseff, sostiene que los cargos en su contra tienen motivaciones políticas. Representantes de ambos no respondieron de inmediato a solicitudes para que dieran sus comentarios al respecto.

De acuerdo con Janot, “Lula, desde 2002 a mayo de 2016, fue un importante líder” de la supuesta organización criminal, tanto por la manera en que estaba organizada la red de sobornos como porque al ser presidente contaba con la autoridad de nombrar a ciertas personas para cargos públicos. Janot afirma que Lula se mantuvo en el poder incluso después de dejar el cargo debido a la influencia que tenía sobre Rousseff.

En la acusación también se afirma que miembros de otros dos partidos políticos — el Partido del Movimiento Democrático Brasileño del presidente Michel Temer y el Partido Progresista — formaban parte de la organización criminal. Janot aseguró que, después de que Rousseff dejó el cargo y Temer asumió la presidencia, miembros de su partido en el Congreso asumieron el control de la conspiración.

Actualidad Laboral / Con información de AP