El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, concurrirá este martes al Senado para exponer sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para modificar la legislación de Riesgos del Trabajo, con el objetivo de disminuir la litigiosidad.

(…) El proyecto, que comenzó a analizarse a principios de año y sufrió casi un centenar de modificaciones, fue acordado por una parte del sector sindical, cámaras empresarias y el propio Gobierno.

El eje central de la propuesta incorpora la obligatoriedad del paso del trabajador por las comisiones médicas jurisdiccionales para que determinen los grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales y que tenga carácter de “cosa juzgada”.

Algo similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria del Ministerio de Trabajo.

El Congreso no terminará su tarea el 30 de noviembre ya que la idea del Gobierno es extender las sesiones para que sea sancionado este año o al menos tenga media sanción, a más tardar el 14 de diciembre.

Sin embargo, podría sufrir cambios para que el proyecto no quede en el camino y sufra la menor cantidad de modificaciones posible durante el debate.

Es que como está redactado el proyecto, el peronismo, en cualquiera de sus vertientes (Frente para la Victoria, Frente Renovador o Bloque Justicialista) rechazaría el proyecto a pesar de que cuenta con el aval de un sector de la CGT.

No será la primera vez que eso suceda durante un debate que impacta en el sector laboral.

En septiembre, el ministro Triaca se topó con el firme rechazo de los diputados de extracción gremial y la izquierda al proyecto para fomentar el "primer empleo" de jóvenes, ya que consideraban que los beneficios prometidos por el Gobierno afectaban derechos laborales.

¿Cuál es el apuro por sancionar la ley? En concreto, se argumenta la sustentabilidad del sistema. Varias empresas del sector asegurador le indicaron a iProfesional que para que la nueva norma sea viable es indispensable que se obligue al trabajador accidentado a que pase por la comisión médica (porque es la única posibilidad que tienen los médicos de evaluar la dolencia). “Nadie prohíbe el acceso a la justicia, pero que pase a la parte administrativa así no se judicializa todo”, sostienen.

Es que argumentan que, en los últimos tres meses, si se compara ese período con el año pasado, el incremento es superior al 35% en los tribunales de la Capital Federal. La CGT quiere que ese aumento de dinero de las prestaciones y se disminuyan plazos para que el dependiente obtenga un resarcimiento más rápido.

En diversas oportunidades, Triaca negó que el proyecto perjudique a los trabajadores y remarcó que “justamente es al revés”.

En este sentido, puntualizó que “en los últimos 20 años, desde la puesta en funcionamiento del sistema de cobertura por riesgos de trabajo, ha bajado muchísimo la cantidad de accidentes, pero han subido enormemente la cantidad de litigios”.

El funcionario indicó que “cuando un trabajador tiene que estar tres o cuatro años litigando para recibir ese beneficio, definitivamente no es un servicio como el que tiene que tener”.

La propuesta contaría con el apoyo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por el lado de los empresarios, y con gremios como el del Calzado y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), entre otros.

Actualidad Laboral / Con información de IProfesional