La presidenta Michelle Bachelet divulgó el jueves propuestas legislativas para modificar el sistema de pensiones de Chile, instaurado durante la pasada dictadura militar, para tratar de mejorar las condiciones de los jubilados.

El modelo actual sólo contempla aportaciones de los trabajadores, mientras que el plan de Bachelet sumaría cotizaciones del empresariado.

Según esta idea, cada empleador debería cotizar 5% en favor de cada empleado. De este porcentaje, 3% se destinaría a una cuenta individual de cada trabajador y el 2% restante a un fondo colectivo que ayudaría a incrementar las pensiones solidarias y entregaría un bono a las mujeres, cuyas pensiones no les benefician debido a que su expectativa de vida es mayor a la de los hombres.

Considerando el desembolso que esta reforma implicaría para los empleadores, el proyecto de Bachelet prevé que el aporte aumente anualmente (1% cada año, hasta llegar a cinco) para que la regulación sea paulatina.

Aunque otros presidentes chilenos habían mostrado interés en reformar el sistema de pensiones, ninguno había formalizado una propuesta ante el Congreso antes de Bachelet. Incluso ella se resistió a promover cambios en el pasado, pero este proyecto se suma a otros de izquierda —como Identidad de Género y aborto— que ha dejado en manos de los legisladores a unos meses de terminar su gestión en marzo de 2018.

La propuesta de la mandataria ingresará al Congreso la próxima semana, pero todo indica que será analizada con cautela. Según estimó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el desembolso que el Estado tendría que hacer si se aprueba la reforma —porque también es empleador— sería de unos 1.500 millones de dólares y algunos opositores han señalado que el país no cuenta con los fondos suficientes para sacar el plan adelante.

Actualmente los chilenos cotizan el 10% de sus ingresos brutos. Éstos bordean, en promedio, los 520.000 pesos chilenos (unos 860 dólares) según cifras oficiales y se destinan a una cuenta individual que en el futuro financiará su pensión.

El actual sistema de jubilación está a cargo de media docena de Fondos de Administradores de Pensiones (AFP) y fue impuesto por la dictadura del general Augusto Pinochet hace 36 años (1973-1990). En su momento se consideró un modelo exitoso y fue imitado por una veintena de países entre los que destacan Perú y República Dominicana.

Entre los aspectos más destacados de la propuesta de Bachelet está la creación de un ente independiente a las AFP cuyas funciones serían similares pero implicarían menos costos de operación. Este nuevo organismo sería autónomo.

La pertinencia de la iniciativa de Bachelet también obedece al incremento en la expectativa de vida. Chile cuenta con una de las más altas de la región —se estima que los hombres viven hasta 85 años y las mujeres 91— pero el modelo actual considera que ellos se jubilan a los 65 y ellas a los 60.

Bachelet dio a conocer sus proyectos en el Palacio de Gobierno, donde la ausencia de la oposición fue notoria.

Algunos críticos a su propuesta han opinado que la totalidad de las aportaciones del Estado deberían destinarse a las cuentas individuales de los trabajadores —en lugar de aportar el 2% de éstas a un fondo colectivo— y rechazan restar control del sistema de pensiones a las AFP, pues afirman que el Estado no cuenta con fondos para intervenir en el tema.

El senador conservador Patricio Melero calificó de mezquinos los anuncios y dijo que se basan en una “solidaridad mal entendida”.

Por su parte, Luis Mesina, líder de un ente opositor a las AFP, criticó los anuncios y señaló que “esta propuesta sigue manteniendo a los trabajadores chilenos prisioneros de un sistema privado de previsión”.

Otro de los puntos de la propuesta de Bachelet ordena a cuatro ministros que estudien diversos aspectos de las pensiones de las fuerzas armadas, que son superiores a las de los civiles y son financiadas por todos los chilenos.

Actualmente la mayoría de los civiles jubilados recibe una pensión mensual equivalente al 20% promedio de lo que ganaba mientras estaba activo, mientras el militar con 20 años de trabajo recibe una pensión equivalente al 100% de su último ingreso.

Independientemente de la decisión del Congreso, la implementación de un proyecto de esta magnitud podría demorar varios años, ya que incluso suponiendo su aprobación habría que sumar los seis años que los empresarios tardarían en realizar las aportaciones totales del 5% en favor de sus empleados.

Actualidad Laboral / Con información de AP