Una servidora pública de un juzgado en Risaralda fue declarada insubsistente por sus constantes errores ortográficos. El hecho provocó una demanda de la mujer que aseguró haber sido objeto de un acoso laboral.

Sobre el tema se adelantó un proceso judicial que incluyó un dictado por parte del juez para establecer los errores en los cuales incurría la mujer.

En tan sólo cinco líneas se evidenciaron siete errores ortográficos, lo cual sirvió para determinar que no se trataba de un caso de acoso.

El Consejo Superior de la Judicatura estableció que exigir una buena ortografía en los procesos judiciales no puede ser catalogado como maltrato.

“El juez puede someter a sus funcionarios, como sucedió en este caso, a que realicen unos actos tendientes a verificar su idoneidad”, explicó el magistrado Ovidio Claros.

La sentencia de la Judicatura advierte que los errores ortográficos podrían ser tan graves que un proceso podría caerse.

“Usted puede cambiar en la redacción de una sentencia cualquier sentido de la misma. Yo puedo entender una cosa cuando el sentido de lo que quiere decir el juez es otra”, explicó el togado.

El caso terminó bien para el juez al ser restituido en su cargo, mientras la funcionaria no fue reintegrada por sus errores ortográficos.

Actualidad Laboral / Con información de El Espectador