La situación que atraviesan los medios de comunicación, especialmente los tradicionales, en Venezuela, pone en el tapete la delicada situación laboral que están viviendo los periodistas en el país.

La medianoche del 27 de mayo de 2007 se evidenció ante Venezuela y el mundo la principal política pública en materia comunicacional del régimen que dirige el destino de esta nación desde 1999: la hegemonía de los medios de comunicación.

Ese día los venezolanos vieron cómo las pantallas de Radio Caracas Televisión, luego de 53 años de funcionamiento, se fueron a negro y presenciaron así el primer cierre de un medio televisivo en el país.

Hace unas semanas se concretó la venta de uno de los diarios más antiguos de Venezuela: El Universal, periódico que circula en el país desde el año 1909 y que durante todo ese tiempo estuvo en manos de la familia Mata.

Pero es que entre 2007 y 2014, por diversas causas, han cerrado más de 30 emisoras de radio y tv y han dejado de circular unos 13 medios impresos, en todo el país. Dificultades en la permisología, escasez de papel, inviabilidad económica, son los obstáculos más comunes entre los medios de comunicación.

A este panorama se unió la nueva modalidad, ya no el cierre sino la venta-compra de los grandes medios. Globovisión fue el primero, le siguió la Cadena Capriles y ahora El Universal. Por supuesto, hemos sido testigos del cambio evidente de la línea editorial de, al menos, Globovisión y los periódicos de la Cadena, habrá que esperar unas semanas para saber qué  va a ocurrir con El Universal, aunque ya un par de articulistas dejaron de pertenecer a la plantilla del periódico alegando que censuraron sus escritos.

Para materializar la “hegemonía comunicacional”, el gobierno además ha consolidado el llamado Sistema Bolivariano de Comunicación e Información en el que se congregan una quincena de medios “públicos”, al servicio del régimen. También se propició la conformación de los llamados medios de comunitarios, todos afines al gobierno.

Más allá de las implicaciones políticas de estas maniobras, los subterfugios económicos que se realizan para concretar las operaciones, las graves consecuencias para la libertad de expresión y de comunicación, me preocupa profundamente la situación laboral de los periodistas con todo lo que ello conlleva.

El cese definitivo de medios ha traído consigo la pérdida forzada de empleos para miles de personas, entre ellos, cientos de periodistas para quienes la tan cacareada inamovilidad laboral es lo que es: una herramienta gobiernera de control político sobre empresarios y trabajadores, que realmente no busca proteger a nadie.

En los casos en los que el medio de comunicación ha cambiado de propietario, generalmente en un proceso rodeado de ocultación e incertidumbre que atenta contra la salud mental de los trabajadores y especialmente de los periodistas que son quienes ponen su rostro ante los usuarios, el dilema laboral es otro: me quedo o me voy; trato de mantener el espacio que ahora tengo o tiro la toalla.

Cada planteamiento es absolutamente individual y personalísimo, pero dado que los periodistas también son personajes públicos, la gente (de uno y otro bando) se abroga el derecho de juzgar a los demás y de repente el paso de héroe a villano y viceversa de muchos periodistas explota en el twitter, Facebook y cuanta red social existe, incluyendo las “antigüitas” como bancos de plazas, barras de cafeterías y demás.

Internet parece ser una ventana que se abre en el ámbito laboral del periodismo en Venezuela. Hay allí un gran nicho que parece brindar importantes posibilidades de trabajo a quienes vemos en los medios tradicionales una situación limitada y opresiva de trabajo.

Noemí Cendón Tizón / Periodista

@serena1105