Hoy un bolívar en Cúcuta sólo sirve para comprar gasolina y bienes a precios controlados. Con un dólar se compran 110,05 bolívares y con ellos 1.134,5 litros de gasolina. Si cada litro se vende a 0,75 dólares en la frontera (hecha la conversión desde pesos a dólares), con un dólar pueden "comprarse" 850,9 dólares combinando dólar paralelo y precio de la gasolina, y estas distorsiones pesan desde la frontera sobre toda Venezuela.
En este caso, los bolívares siempre regresan a Venezuela (porque en Colombia no sirven para nada), los dólares están fuera de Venezuela y se quedan afuera (acumulándose en manos de quienes hacen estas transacciones) y la gasolina, que se produce o importa a costos no reconocidos, se va del país.
Esto no significa que los colombianos sean los que, exclusivamente, hagan negocios. La frontera en medio de estos controles crea la oportunidad para propios y extraños, quienes deciden si se participan o no en los mercados negros de divisas, gasolina y alimentos. Obviamente, que sea rentable no implica que sea una oportunidad de "libre mercado". Las mafias alrededor de estas operaciones no deberían desestimarse.
La estabilidad cambiaria requiere del reconocimiento de los problemas que la causan. Sin ella es imposible la estabilidad de precios, el abastecimiento y el crecimiento de buena calidad. Lamentablemente, la Exposición de Motivos del Presupuesto de 2015 tiene como premisa un tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar y el Ministro a cargo niega la posibilidad de una devaluación, comparándose con un pitcher que no anuncia sus lanzamientos para ganar un juego. Como Ministro confunde su papel. Si el equipo falla es de esperar que el entrenador identifique el problema, anuncie claros correctivos y convenza a los jugadores de su necesidad. El entrenador gana con el equipo, no le gana a su equipo.
El Presupuesto 2015 era una extraordinaria oportunidad para anunciar un programa de protección social en medio de la inevitable perspectiva de inflación, pérdida de poder de compra e, incluso, un mayor desempleo formal. Y, sin embargo, no incluyó ni siquiera el ajuste del salario mínimo de noviembre ni los previsibles incrementos del año próximo, cuando el mismo Presupuesto se apunta una inflación de 30%. Como este año y los anteriores, los ajustes salariales del próximo y sus incidencias en pensiones, prestaciones y aguinaldos quedarán colgando de futuros créditos adicionales. De este modo no se puede dirigir ni controlar el impacto del gasto sobre la economía venezolana. Y se pierden los efectos favorables que tendría devaluar el 6,30 rumbo a una unificación cambiaria anunciada como objetivo posible, deseable y gradualmente alcanzable.
Ronal Balza Guanipa / Economista[email protected]
