La educación es un derecho que va más allá de cualquier declaración formal que pueda hacerse con relación a ella. Pese a los esfuerzos hechos por el Estado por adquirir compromisos relacionados con el mayor acceso de jóvenes al sistema educativo, la educación media sigue representando un problema no resuelto. Alrededor de 900 mil adolescentes se encuentran fuera de la escuela.
La educación acumulada, es decir, los años de escolaridad que un individuo puede ir sumando a medida que avanza en la edad, cobra aún más importancia cuando se considera como variable de análisis de la situación del mercado laboral, puesto que determina en buena medida la incorporación a un empleo y que éste cumpla con unas características mínimas adecuadas. En este sentido la acción del Estado cobra mayor relevancia, en la medida en que resulta imprescindible dotar a la población joven para que pueda cubrir las exigencias que implica ingresar al mundo laboral con las aptitudes productivas necesarias para el desempeño de empleos de calidad.
Los datos de la Encuesta de Nacional de Juventud UCAB-2013 revelan que las jóvenes entre 15 y 29 años que se encuentran dentro de la fuerza de trabajo llevan la delantera en relación al capital educativo acumulado. Éstas logran acumular 14 años de escolaridad, paradójicamente teniendo menos presencia en el mercado laboral respecto a sus pares masculinos, quienes alcanzan en promedio 12 años. En conjunto, de los 3.7 millones de jóvenes entre 15 y 29 años incorporados a la actividad económica, casi 30% no acumula suficiente capital educativo para satisfacer los requerimientos del mercado laboral, por lo que muy probablemente éstos se ubiquen en ocupaciones de baja exigencia y por lo tanto de escasa calidad. En contraste, el 37% ha logrado acumular los años de escolaridad que se acercan al umbral necesario para acceder a un empleo formal y reducir los riesgos de caer en situación de pobreza, mientras que un 34% acumuló educación que supera ese umbral.
Cuando se combina la educación con la situación socioeconómica de los hogares nos encontramos que se convierten en variables que pueden o bien promover o bien obligar a los jóvenes a participar en el mercado de trabajo. Así por ejemplo, el 58% de los adolescentes que apenas alcanzan el nivel de la primaria ya se encuentran trabajando o buscando empleo, situación que normalmente se asocia a hogares en peores condiciones de vida, lo cual obliga a estos jóvenes a contribuir con su fuerza de trabajo para complementar el ingreso familiar.
De manera que mayor educación sin duda promueve mayor participación en el mercado de trabajo, pero también peores condiciones de vida obliga a los jóvenes a salir al mundo laboral con escasas capacidades para enfrentar los retos del mercado impone. En este sentido, los esfuerzos realizados por aumentar la expansión educativa deben ir acompañados por medidas que contribuyan a mantener las condiciones económicas de los hogares, pues de lo contrario, grupos importantes de jóvenes seguirán excluidos del sistema, lo cual no se corresponde con el principio de la educación como derecho.
Genny Zúñiga A. /Sociólogo
@azunigaa
