El año ha sido complicado, los resultados de las principales variables macro económicas registran un descenso en la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, una inflación acelerada, la pérdida del poder adquisitivo del salario real, escasez y desabastecimiento, resultado entre otros de la caída de la producción nacional, con sus consecuencias en el empleo y en el malestar de la población asediada por la inseguridad y la crisis de los servicios. A este panorama se agrega en las últimas semanas el descenso pronunciado de los precios de los hidrocarburos, fuente principal del  ingreso fiscal, situación que según los entendidos puede prolongarse en los meses venideros.

La  reacción oficial, se ha traducido en un conjunto de reformas legales,  dictadas en el marco de la Ley habilitante, que a juicio del Ejecutivo debería permitir el incremento de los ingresos del fisco por una parte, y por la otra acentuar los controles hacia el aparato productivo, a fin de lograr aumentos en la producción de bienes y servicios.

Las   medidas adoptadas, afincan  la concepción de un estado  que interviene constantemente en el desempeño del aparato productivo, incluso responsabilizándose por la operación directa de unidades empresariales, restando cada vez más las tareas y funciones propias del  sector privado.

Por otro lado los continuos cambios en la estructura organizativa del  ejecutivo,  caracterizada por la concentración de poder alrededor del  Alto Gobierno, mediante la creación de las Vicepresidencias, nuevos despachos ministeriales y la eliminación de unidades administrativas, llevan consigo el consecuente traslado de personal, funciones y tareas, al  exigir del  funcionario en un corto plazo su  integración  a un   entorno institucional,  caracterizado por diferente nomenclatura y adscripción,  líneas de supervisión y mando, entre otros factores en revisión, sujetos a su vez, a la remodelación institucional del órgano superior.

De esta manera los procesos rutinarios adscritos a determinadas unidades actuando bajo estas circunstancias, sufren con frecuencia  retardos que repercuten en otra instancias,  restando eficiencia y eficacia al órgano púbico al retrasar innecesariamente la larga lista  de  trámites obligatorios a cumplir a fin obtener las autorizaciones correspondientes señaladas por la ley.

De allí las quejas constantes del público ante las complicaciones para realizar los trámites oficiales por una parte y por la otra el sector productivo obligado por las circunstancias a completar la cadena de solicitudes y aprobaciones necesarias para cumplir con los  requisitos impuestos en  la normativa oficial. Estas rutinas se ven seriamente afectadas por los cambios, al alterar las prácticas establecidas y ya conocidas en los  procedimientos, lo que obliga  a reiniciar el trámite para responder a las exigencias del nuevo administrador. Ocasionando  gastos adicionales  que alteran los costos asociados a cada operación.

Por lo tanto agregar complicaciones al ya debilitado aparato público no contribuirá a solucionar  los problemas de raíz, vinculados a la aplicación de un modelo agotado cuya dependencia de la renta petrolera, no ha podido ser superado a pesar de haber contado con el beneficio de un ciclo caracterizado por los altos precios del petróleo, pero que lamentablemente no ha sido aprovechado para avanzar en la diversificación del aparato productivo y en el fortalecimiento  del  Estado y sus Instituciones, claves para la ejecutoria de las políticas públicas.

Maritza Izaguirre / Socióloga