Nuestra situación actual refleja claramente que el modelo aplicado, caracterizado por la concentración del poder y las decisiones en un Estado, determinado por la continua intervención, que regula y asfixia al aparato productivo, mediante la aplicación de políticas públicas, dirigidas al control de los procesos de producción de los bienes y servicios tan necesarios para la vida cotidiana, fracasó.

Ello conduce inevitablemente a la caída progresiva de la producción, la cual, siempre y cuando existan los recursos, es sustituida por la adquisición de dichos productos en el mercado externo, o sea se importa para satisfacer la demanda interna.

A lo anterior se suma la prioridad concedida al Estado productor, es decir, la sustitución de las unidades productivas levantadas por el esfuerzo de la inversión privada. En nuestro caso, muchas de ellas resultado de políticas públicas asociadas a un modelo de desarrollo mixto, que privilegió en su momento, el surgimiento de núcleos industriales destinados a sustituir importaciones, generando empleo y riqueza, transformado el territorio, promovienndo la descentralización y una mayor participación de los gobiernos locales.

La experiencia demuestra que la mayoría de las unidades productivas bajo gerencia pública, reducen sustancialmente su producción, resultado asociado en la mayorìa de los casos a la mala gestión.

Ello lleva a la pérdida del capital físico, deterioro de la infraestructura, incumplimiento de la contratación colectiva, malestar laboral y empobrecimiento del capital humano, ya que obliga a la búsqueda de nuevas oportunidades, en especial a la gerencia media y el personal calificado, al emigrar reforzando el capital humano del país receptor.

Todo lo anterior marca además el deterioro ambiental, parques industriales abandonados, municipios que pierden renta, al desaparecer empresas que contribuían mediante el pago de impuestos al financiamiento de actividades relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura calles y avenidas, parques, escuelas y dispensarios, entre otros, que constituían el capital social de las comunidades, estimulando la participación y el activismo de las asociaciones locales.

Por lo tanto si queremos recuperar nuestro aparato productivo, se hace necesario cambiar de rumbo, necesitamos regresar a un Estado que estimule la inversión privada, que regule en forma inteligente, que respete los derechos ciudadanos y gobierne para todos, sin exclusión ofreciendo a la población las mejores oportunidades para su progreso, mediante la creación de empleo digno y reconocimiento a su esfuerzo para construir un país mejor.

 

Por Maritza Izaguirre / Sociólogo