Las detenciones y posteriores imputaciones por boicot y desestabilización a los directivos de Farmatodo y de los "practimercados" Día a Día, han puesto de manifiesto lo que muchas veces hemos comentado en este columna, en Venezuela es más peligroso ser empresario que delincuente.

Desde hace algún tiempo en el ordenamiento legal venezolano existen sanciones de tipo penal para los dueños, directores y altos empleados de las empresas. Lo preocupante es que las nuevas leyes crean nuevos tipos penales con sanciones desproporcionadas con el supuesto de hecho (o causa) que genera la sanción. Por ejemplo, estos empresarios acusados de boicot según el delito tipificado en la Ley de Precios Justos pueden ser condenados a prisión de hasta quince años. Es decir, mucho más que la mayoría de los delitos previstos en el Código Penal y casi igual que un homicidio.

En el marco de lo que el gobierno ha decidido llamar "guerra económica" se están realizando en el Palacio de Miraflores reuniones con los sectores productivos para abastecer los anaqueles de las diversas tiendas del país. A la salida de una de esas reuniones Manuel Andrés Morales, Director General de los Practimercados Día a Día fue detenido por el Sebin.

No conozco al Sr. Morales pero me pregunto ¿No tiene (en principio) buena voluntad o buena intención quien acude a Miraflores a reunirse con representantes del gobierno? ¿No merece el Sr. Morales el derecho a la presunción de inocencia tal como lo dicta nuestra Constitución?

Sin embargo, los hechos indican que el Sr. Morales fue llevado al Sebin para ser interrogado y posteriormente fue imputado, a pesar que un comunicado de Día a Día explicaba que habían sido objeto de varias inspecciones de la Sundee (Superintendencia de Precios Justos) y en ninguna de las inspecciones se habían detectado irregularidades.

Otro de los elementos llamativos en este caso, al igual que en el caso de Empresas Polar es que ningún alimento se mueve sin la autorización expresa del Estado.

Para movilizar cualquier tipo de alimento se debe tener una guía, antes expedida por el SICA (Sistema Integral de Control Agroalimentario), y ahora por la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA).

Esta ha sido una de las continuas quejas de los empresarios desde que se comenzaron a utilizar estas guías en el año 2008 alegando que hacía muy lento el traslado de mercancías.

Pero aun así los empresarios debieron adaptarse y cumplir esta normativa tal y como han hecho con el resto de textos legales que quieren darle forma a un empresariado que cada vez es minoría ante el Todopoderoso Estado.

Con lo que estamos viviendo actualmente en Venezuela está claro que el gobierno desea una nueva casta de empresarios...unos empresarios que se adapten sin quejarse a las reglas impuestas por el Socialismo del Siglo XXI.

Esto significa invertir tu dinero en un proyecto del cual no debes obtener más del 30% de ganancia aunque esto signifique la quiebra de tu empresa. No poder despedir a los empleados ineficientes porque están amparados por una inamovilidad laboral desde hace más de 10 años. Un entorno laboral completamente adverso, donde no puedes calcular la reposición de inventarios porque aun no se sabe cómo funcionará el nuevo régimen cambiario. Tampoco puedes sacar tus costes laborales porque estos se incrementan con cada aumento de sueldo y resulta imposible hacer proyecciones. Y además de luchar contra todas estas adversidades debes ofrecerle a tus empleados ventajas competitivas que no permitan que quieran marcharse con la competencia o irse al exterior, que son los casos más frecuentes.

Pero adicionalmente a esto debes estar dispuesto a perder tu libertad, mientras el gobierno investiga si formas o no parte del boicot de esta "guerra económica" que según ellos se libra contra Venezuela.

En estos días ni siquiera los empresarios que apoyan al gobierno se han manifestado, al parecer tampoco ellos están dispuestos a ser Empresarios tipo Socialismo XXI, porque nadie quiere poner en riesgo su dinero, su integridad y su libertad.

Y todavía algunos se preguntan ¿Porqué la gente no tiene confianza de invertir en el país y desarrollar empresas exitosas?

Lo que se requiere es una política de Estado que elimine la persecución de los emprendedores y los deje de tratar como sospechosos de integrar mafias o bandas criminales y que por el contrario, los proteja e incentive para que con su ingenio, capital y esfuerzo hagan que el país prospere.

Juan Carlos Varela / Abogado

@J3CV