Los trabajadores ajenos al contrato convencional se multiplican por toda Europa. La llamada economía colaborativa, los puestos sin horas mínimas o los trabajadores del hogar pesan cada vez más en la tarta laboral de la UE. El año pasado, uno de cada cuatro empleos se consideraban atípicos, una categoría en la que la Comisión Europea clasifica todos los que escapan al estándar. Bruselas pretende dar mayor certidumbre a esos colectivos obligando a las empresas a que detallen por escrito sus horarios y sus condiciones. También habrá un periodo de prueba máximo y quedará prohibida la exigencia de exclusividad para desempeñar esas tareas.

Europa lleva meses celebrando los datos de recuperación económica, pero el auge del empleo precario no remite. Alrededor de seis millones de personas en toda Europa tienen un trabajo irregular. Otros tres millones son trabajadores domésticos. Un 28% de los empleados a tiempo parcial desearían trabajar más. Aunque Bruselas saludó con entusiasmo la aparición de actividades como Uber o Airbnb porque generaban ocupación, la evidencia creciente de que constituyen una fuente de precariedad y de competencia desleal obliga a modular un poco el discurso.



“Necesitamos flexibilidad, sí, no vamos a prohibir este tipo de figuras, pero queremos darles más protección”, ha explicado la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, a un grupo de corresponsales europeos. Thyssen ha presentado una nueva directiva comunitaria para que los contratos contengan información más transparente y segura. Bruselas calcula que habrá alrededor de tres millones de personas nuevas cubiertas por estas mejoras.

El derecho a una información más concreta y previsible por escrito constituye una mínima parte de todas las ganancias de calidad que requieren los mercados laborales en Europa. Tras años de incidir en la austeridad como receta, el Ejecutivo comunitario quiere ahora dar más peso al llamado pilar social de la Unión Europea, vivamente defendido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En la práctica, Bruselas tiene pocas competencias directas sobre empleo, pero puede promover regulación que armonice unos mínimos aplicables en todos los Estados.

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Uber allana el camino para estas mejoras. Al clasificar esta compañía como empresa de transporte, y no como plataforma digital, las razones para mantener a sus trabajadores fuera del abrigo de los derechos laborales decaen. “Estoy convencida de que esto también interesa a los empresarios. La mayoría cumplen las normas y preferirán que se garanticen unas reglas del juego justas para todos”, argumenta —con cierto voluntarismo— Thyssen. Antes de redactarlo, la comisaria sometió este proyecto a consulta de los agentes sociales. Sindicatos y patronales no lograron ponerse de acuerdo sobre el modelo óptimo.

Formación gratuita

Más allá de extender las garantías escritas a esos nuevos colectivos en la sombra, la directiva establece algunos nuevos derechos. El periodo de prueba de los trabajadores deberá figurar en el contrato y no superará los seis meses. Salvo en casos muy excepcionales, el empresario no podrá exigir exclusividad al trabajador (por ejemplo, el repartidor de comida podrá ofrecer sus servicios a otros proveedores). Todos tendrán derecho a formación gratuita. Y todas estas condiciones deberán entregarse por escrito el primer día de trabajo como última fecha. Las medidas suenan lejanas para muchos de los ocupados más precarios.

Conscientes de que el trabajador que desempeña estos empleos atípicos prácticamente carece de herramientas para mejorar sus condiciones, los responsables comunitarios proponen que el empleado pueda pedir acceso a un puesto más permanente. Tanto la solicitud como la respuesta, positiva o negativa, deberán ofrecerse por escrito.

El texto, que deberá pactarse ahora con los Estados miembros y con el Parlamento Europeo, excluye a los autónomos. En primavera habrá un paquete de protección social destinado a quienes trabajan por cuenta propia. La directiva sobre transparencia deberá trasladarse a todos los Estados en el plazo de dos años. Podrán hacerlo a través de leyes o de acuerdos de negociación colectiva, en función de modelo de cada país.

Actualidad Laboral / Con información de El País