En 2013 los autores de este artículo fueron convocados para desarrollar algunas ideas sobre las características de las relaciones laborales en el período 1999-2012. De ese esfuerzo, junto con las contribuciones de otros analistas y expertos, resultó el libro “Expediente del Chavismo”, con una narrativa amena y bien documentada realizada por Fermín Lares, basado en los ensayos aportados por los autores; el libro cuenta, además, con el prólogo de Teodoro Petkoff. Aunque la invitación es a revisar el contenido completo del libro, el cual será presentado el 7 de diciembre, incluimos aquí algunas de las ideas destacadas en cuanto al análisis de la materia laboral.

Venezuela ha fracasado en el intento de transformarse de un país rentista y dependiente a uno industrializado y productivo. Esto no es nuevo, pues los esfuerzos en este sentido datan de los años 50. Sin embargo, la situación se ha agravado durante la presente década, producto de una política económica que incentiva la importación de productos, debilitando al sector manufacturero y descuidando políticas para el fortalecimiento de otros sectores como el de servicios (turismo o fomento de actividades basadas en el conocimiento). En concreto, no ha sido posible la creación de la infraestructura necesaria para garantizar la soberanía productiva (Lucena, 2011).

El comportamiento del principal indicador de productividad, el Producto Interno Bruto (PIB), así lo refleja: específicamente el PIB del sector manufactura se incrementa significativamente entre 1950 y 1980: 221% en los 50´, 114% en los 60´ y 97% en los 70´. Sin embargo, en las siguientes tres décadas (1980-2010) el comportamiento del indicador se revierte pasando de un 15% de crecimiento en los 80´a un 1% en los 90´ hasta hundirse durante la primera década del siglo XXI con un dramático (-7%) (Lucena, 2011a). En definitiva todo ello se traduce en una pérdida de empleos formales, protegidos por la seguridad social y los convenios colectivos y en un debilitamiento del aparato productivo.

El incremento de la dependencia de la industria petrolera a lo que se suman las limitaciones a la libertad empresarial y autonomía sindical, el desestímulo a la inversión, la inseguridad jurídica y un desequilibrio en términos del intercambio comercial, enmarcan las relaciones de trabajo y de empleo de la Venezuela de hoy. El conjunto de estrategias, planes y políticas impulsadas desde el Gobierno a partir del año 1999 no han generado los resultados esperados.

Las cifras de desempleo, que afecta a más de un millón cien mil personas no es el único indicador que debe considerarse para entender la verdadera situación que se vive en esta materia (INE, 2012). Una escasa capacitación de los trabajadores y un crecimiento concentrado en los sectores menos productivos se unen a una alta tasa de precariedad que no permite conectar el bienestar social con el crecimiento económico. Al cierre de 2008, siete millones de personas (64% de la población ocupada) se desempeñaban en empleos precarios (Zúñiga, 2010). Adicionalmente, el país mantiene a más de cinco millones de personas en el sector informal de la economía, estando gran parte de ellas en situación de minusvalía. A esto se suma la alta tasa de desempleo juvenil (jóvenes entre 15-24 años de edad), la cual ronda el 20%.

La caída del ingreso en términos reales es otro indicador fundamental, la pérdida del poder adquisitivo expresada en el desequilibrio entre el costo de vida (inflación) y los ingresos, afecta las condiciones de vida de los trabajadores. En este sentido resulta elocuente que el 45% de los trabajadores ocupados (alrededor de cinco millones de personas) tengan un ingreso igual o inferior al salario mínimo (Riutort, 2008).

Pocas actividades económicas han crecido amparadas por el sector privado, por el contrario, en el sector público se ha generado un crecimiento de la nómina, la cual reúne actualmente a más de 2,3 millones de trabajadores, dicha cifra en términos nominales no significa mejora en la calidad de vida, ya que según Zúñiga (2010), más de la mitad (51,9%) de estos trabajos se cuentan como precarios.

Un panorama sombrío de inseguridad e incertidumbre incentivan el éxodo del talento humano que busca oportunidades en otras tierras; Venezuela ya no es un país atractivo y actualmente enfrenta un problema muy grave, la fuga de cerebros. Esta pérdida trae consecuencias, especialmente si se considera que un buen número de los que se van del país son científicos, tecnólogos y profesionales de carreras importantes para la sociedad, tal como el caso de los médicos.

El constante ataque al movimiento sindical (MS) como institución expresado en aspectos como la criminalización de la protesta y la pérdida de autonomía develan la estrategia del Gobierno de poner de rodillas a la dirigencia sindical. A esto se suma el clima de violencia e inseguridad que afecta al sindicalismo que ha cobrado la vida de más de doscientos cincuenta dirigentes entre los años 2005 y 2011, víctimas del sicariato o muerte por encargo.

La alta conflictividad laboral es otro indicador clave, su crecimiento ha sido impresionante especialmente a partir de 2006. De acuerdo a cifras de Provea (2011) en el año 2009 se registraron dos mil (2.000) conflictos, cifra que pasó a tres mil en 2010; del total de los conflictos registrados, 40% son laborales (unos 1.200) y de éstos el 80% se presenta en el ámbito público. El nivel de conflictividad es sólo un síntoma del desequilibrio que caracteriza a las relaciones de trabajo, donde el Gobierno impone un protagonismo que asfixia al resto de los actores sociales. Prueba de ello es la imposición de políticas públicas, como la del incremento del salario mínimo, sin un proceso necesario de consulta y diálogo, las cuales terminan por convertirse en cascarones vacíos de poco o ningún efecto positivo real (Bonilla, 2009). Por otra parte, la gran cantidad de contratos colectivos vencidos, especialmente en el sector público, es una tarea pendiente a la que el Gobierno ha venido dando largas, subestimando su importancia y desvirtuando su esencia como institución.

La actualidad del mercado laboral venezolano revela que, ante la falta de dinamismo de la economía, la estructura productiva sesgada hacia sectores menos productivos, el incremento de la población disponible para el trabajo y la precariedad laboral, el país debe enfrentar, en el corto plazo, graves problemas para mejorar las condiciones de vida de la población (Zúñiga, 2010).

Al analizar las relaciones laborales durante el período 1999-2012, es posible afirmar que el sistema laboral venezolano está altamente intervenido por el Estado (Lucena, 2005). Tanto los trabajadores como los empresarios y sus representantes han perdido terreno, su legitimidad, prestigio y participación en la toma de decisiones se han visto mermadas por un proceso degenerativo de larga data y agudizado por una postura gubernamental que insiste en debilitarlo especialmente impulsando artificialmente una estrategia de conformación de organizaciones paralelas de corte oficialista y de carácter vertical que pretenden llenar el vacío dejado por un modelo corporativista raquítico y agotado. Los nexos de subordinación entre el Gobierno y sus agencias y los representantes de los trabajadores persisten, por otra parte el sector privado se ha visto constantemente presionado por un marco normativo que le impone reajustes o reacomodos en muchos casos imposibles o insostenibles, dejándole poco margen de acción y reacción.

No cabe duda de que el deterioro de las relaciones Gobierno-empresarios-trabajadores y de las instituciones que se ha producido en los últimos años en Venezuela tendrá un fuerte efecto negativo en el crecimiento económico de largo plazo (Montero, 1997). El desequilibrio del poder entre los actores fundamentales del sistema de relaciones de trabajo, no es beneficioso. Esa correlación de poderes entre dos actores débiles con instituciones tambaleantes frente a un Gobierno cada vez más fuerte con instituciones que tienden a favorecerlo y con un marco normativo producto de su interpretación particular sobre el “deber ser social” no favorecen un proceso de diálogo social y un equilibrio que permita enriquecer las discusiones y orientar al país al desarrollo. La definición de un “modelo de país” traducido en una forma de Estado ejercido por un Gobierno e instituciones que contribuyan al equilibrio de fuerzas en la sociedad mediante actividades de mediación, administración de justicia o regulación, es una tarea pendiente que no puede ser resuelta por un sector de la sociedad, hace falta un acuerdo nacional que reconozca la importancia de las instituciones vinculadas a los actores del sistema de relaciones de trabajo y de su fortalecimiento. La realidad actual exige ser creativos en la concepción de un proceso de diálogo legítimo que permita tender puentes entre los distintos actores y sectores sociales. Los retos que plantea el contexto actual y la propia dinámica del sistema de relaciones de trabajo, se hacen mayores dada las características y la situación de crisis que enfrentan los actores y sus organizaciones. El desarrollo de la institucionalidad para enfrentar los problemas que afectan el mundo de las relaciones de trabajo pasa por el fortalecimiento del diálogo social como aspecto clave.

Por Josué Bonilla, Gustavo García y Luis Lauriño

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