El objeto de estas páginas es presentar la situación del proyecto industrial en la Guayana venezolana, enmarcado en la construcción de un polo de desarrollo, respuesta a una etapa marcada por la intervención del Estado en busca del desarrollo programado, mediante la planificación de un centro urbano basado en la transformación industrial de la riqueza mineral y del potencial energético basado en la hidroelectricidad.

La experiencia contó con el financiamiento del Estado, mediante el uso de los recursos fiscales provenientes de la renta petrolera, y de una clara política de apoyo del Gobierno Central, en los años sesenta, setenta, y ochenta del siglo pasado, cuando entra en crisis debido a las dificultades macro económicas asociadas a la baja de los precios de los hidrocarburos y la falta de un verdadero ajuste estructural de nuestra economía, que corrigiera a fondo el problema cambiario: la sobrevaluación del bolívar y su impacto en el aparato productivo interno, en especial la capacidad exportadora de las industrias básicas, entre otros.

Ello condujo a una reestructuración en los años ochenta, tratando de corregir problemas evidentes, entre ellos el peso de los salarios en la estructura de costos, la contracción en los gastos de mantenimiento e inversión, lo que llevó en los años noventa, ante las dificultades del Gobierno central de aportar los recursos necesarios para reflotar el sector, a privatizar, en este caso el ejemplo más emblemático, fue la privatización de Sidor y su consecuente incremento de la producción, la incorporación al mercado de nuevos productos, inversiones en tecnología y en capital humano, resultado, entre otros, de una gerencia profesional, con experiencia y conocimiento de la siderurgia en la Región y a nivel global.

Quizá el aprendizaje más importante es que ya sea pública o privada, una empresa mal conducida, sometida a interferencias continuas del poder central, vía la aplicación de políticas inadecuadas tiene como resultado el descalabro productivo y financiero. De allí la importancia de incorporar y aplicar un marco de políticas adecuadas, comenzando por la aplicación de un modelo productivo basado en el reconocimiento de las reglas básicas de la economía, equilibrio fiscal, libre régimen cambiario, reconocimiento de las fuerzas del mercado y la aplicación de las regulaciones necesarias en el campo laboral y ambiental, entre otros.

La prensa recoge las múltiples opiniones de expertos, los cuales según su experiencia y conocimiento relatan con claridad los problemas que confrontan las diversas instituciones y organizaciones que hacen vida en el territorio. Queda claro el debilitamiento institucional y el deterioro en las condiciones y calidad de vida de la población, de allí la urgencia de recuperar la senda de crecimiento y expansión del aparato productivo, tarea compleja y urgente, ya que la situación actual se caracteriza por la pérdida de vigencia del marco institucional, forjado en la segunda parte del Siglo XX y que permitió avances importantes, en materia de construcción institucional, forjando empresas, unidades productivas de diverso tamaño, generando empleo y riqueza y lo más importante una trama de relaciones sociales, que facilitaron el surgimiento de organizaciones de diverso tipo, que constituyen la trama social hoy fuertemente amenazada por la pérdida de vigencia del modelo.

De allí el desafío de recobrar gobernabilidad en un extenso territorio, hoy atacado por la presencia de la inseguridad, el tráfico de drogas y la actuación de una economía informal asociada a la explotación del oro, diamantes y otros minerales, que inciden fuertemente en la depredación del medio ambiente y en el entorno social y cultural de las comunidades asentadas en el territorio.

Todos resaltan la preocupación por elevar la calidad y nivel de vida de la población ya que la aspiración común es el mejoramiento de las oportunidades de progreso e inclusión hoy fuertemente amenazadas por el fracaso de la propuesta bolivariana, lo que exige el compromiso y dedicación de los diferentes actores que hacen vida en la región.

Ello obliga a la necesaria coordinación entre las instituciones y organizaciones, entre los sectores público y privado, sin distinciones partidistas todos en búsqueda del bienestar de la población.

Es por esto que se requiere de una estrecha cooperación entre las instituciones públicas, responsable por el diseño y administración de las políticas, que rigen el marco regulatorio, las organizaciones responsables por la formación del capital humano, centros de investigación y organizaciones y asociaciones gremiales interesadas en la modernización tecnológica y en el cambio urgente y necesario de las práctica a fin de competir en un mundo globalizado.

La reconstrucción implica por lo tanto no solo la reconversión del aparato industrial sino que este se ajuste a las nuevas características de una economía global y competitiva sino lograr un mundo nuevo de relaciones al interior del territorio, dónde las organizaciones sociales jueguen un papel relevante, dónde las universidades cooperen abiertamente en la solución de los problemas y que el sector público se ajuste a las nuevas condiciones, dónde el dialogo y la interacción deben privar a fin de lograr la verdadera participación de todos en la reconstrucción de la Guayana.

 

Por Maritza Izaguirre / Socióloga