En el marco del
meeting fundacional del partido Acción Democrática, en 1941, uno de los principales impulsores del desarrollo de Guayana, Rómulo Betancourt, imaginó: “…la escena que sucederá dentro de cincuenta años, en una población agraria de Los Andes forjada al arrimo de una potente planta hidroeléctrica, en una población donde, en vez de los garajes para autos de lujo, habrá garajes para tractores; o bien en una ciudad industrial de la Gran Sabana, construida en la vecindad de las chimeneas de los altos hornos, donde obreros venezolanos estén transformando en materia prima para las fábricas venezolanas de máquinas esos mil millones de toneladas de hierro que en sus entrañas guarda, hoy inexplotadas, la Sierra del Imataca”. A lo que más tarde añadió, en su clásica obra
Venezuela, Política y Petróleo, publicada por el Fondo de Cultura Económico en 1956, que: había “…que impulsar en una forma planificada y con decisión firme, el desarrollo industrial de la nación”; entendiendo por ello la fundación de uno de los pilares del desarrollo y la consolidación de la democracia.
La concreción de este pensamiento sucedió con la creación de una institucionalidad primaria, a partir del año 1946, estando a la cabeza de la Junta Revolucionaria de Gobierno. En este sentido creó, según el decreto número 211, el 8 de marzo de 1946, el Consejo de Economía Nacional, como un organismo autónomo, independiente de ideología política alguna, y con carácter consultivo que pretendió establecer espacios plurales de concertación pluripartito
[1] en torno a la planificación de la economía nacional, determinantes para el desarrollo industrial del país. Rómulo Betancourt planteaba con ello, no sólo la articulación orgánica de los actores fundamentales de la producción, sino la creación de un espacio óptimo para llevar a cabo el diálogo social, como práctica de los valores democráticos en los que creyó e impulsó durante su dilatada carrera política.
Otra de las instituciones consideradas por Betancourt de gran importancia para dar el impulso necesario a la industrialización nacional fue la Corporación Venezolana de Fomento, creada ya como presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, en mayo de 1946. El decreto de su creación consideró la recepción de una suma correspondiente entre el 2 y el 10% del presupuesto nacional como parte de su capital anual.
Ya reinstaurado el sistema democrático, interrumpido por la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez, otra de las instituciones que articuló la planificación central democrática con el desarrollo industrial del país fue la Oficina Central de Coordinación y Planificación (Cordiplan), creada por Decreto Nº 492 en el mes de diciembre de 1958, con el fin de diseñar un plan de desarrollo armónico del país, su desarrollo industrial y el logro de la anhelada diversificación económica.
Derivado del ejercicio de planificación de Cordiplan se creó también, en diciembre de 1960, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), como un instituto autónomo que contempló entre sus objetivos: “promover el desarrollo industrial de la región tanto dentro del sector público como del sector privado…”. Surgió entonces el
Programa de Guayana, como parte del
Plan Nacional de Desarrollo, y que se planteó a su vez una participación que contempló, entre otras: “a) el logro del objetivo de diversificar la economía, impulsando el desarrollo de la industria básica y las nuevas exportaciones…”.
A partir de allí se desarrolló todo el complejo industrial que hoy conocemos como las Empresas Básicas de Guayana. Éstas, a pesar de haber llegado en diversas ocasiones a dificultades que plantearon la necesidad de estatizarlas o privatizarlas, habían arrojado óptimos niveles de producción. Sin embargo, a partir del año 2008 el Gobierno nacional inició un proceso de reestatización que permitió que el Estado se hiciera nuevamente con la mayoría accionaria de las empresas, revirtiendo con ello el proceso de rescate iniciado a finales de los noventa. La pérdida del objetivo inicial y la consecuente desorientación del modelo de desarrollo industrial, así como la ruptura del consenso ideológico y programático significó un punto de inflexión que derivó en un desempeño operativo que destruyó la capacidad de las empresas básicas, su competitividad externa y su impacto sobre el proceso de diversificación económica y de expansión industrial, dando entrada así a un proyecto populista y militarista que ha destruido los cimientos del modelo de desarrollo ideado en los primeros años de la década de los cuarenta.
En suma, el análisis detenido del proceso histórico de desarrollo de la región de Guayana, como fundamento del proceso de industrialización nacional y del propio sistema democrático se constituye en un referente que arrojará las claves de una necesaria y urgente reconstrucción del aparato productivo para quien así sepa entenderlo. El reto no será fácil, pero será absolutamente factible y dependerá de nuestras propias capacidades y voluntades, pues Guayana tarde o temprano se constituirá nuevamente en un pilar para la consolidación de la democracia.
[1] En este se consideró, según su Artículo Segundo del mencionado decreto Nº 211, que participaran: “tres graduados en alguna de las facultades o escuelas Universitarias, dos empleados, dos obreros y uno por cada una de las siguientes instituciones o actividades: Banco Central, Banca, Comercio, Industria, Transporte, Agricultura, Cría, Pesca, Hidrocarburos y Minería”. En: Dirección de Industrias. Ministerio de Fomento.
Documentos Relacionados con la Política Industrial. Nº 1.504. Caracas. 1964. pp. 3-4.
L.M. Lauriño Torrealba
@luislaurino
