Con los presidentes de la propia empresa, de sus filiales Citgo, Bariven y CVP y un centenar de altos ejecutivos más perseguidos por la justicia, con la producción en picada y ya cerca de los 1,800,000 barriles diarios, y con una aparente imposibilidad de o bien servir o si no reestructurar su deuda, da la impresión que PDVSA marcha a paso acelerado hacia su autodestrucción. Los gurús fatalistas por demás, aseveran que eso es el final de la industrialización petrolera porque extraer los crudos extra-pesados de la Faja y acondicionarlos para que sean aceptables en los mercados es una labor titánica que necesita ingentes sumas de dinero que nadie en su sano juicio va a aportar.

Quienes así piensan hacen caso omiso de las realidades energéticas del país, y la substancial ventana de oportunidad para potenciar, si no a PDVSA, si a una industria petrolera nacional, con activa participación de socios privados extranjeros y nacionales que se dedique a la explotación racional de un recurso que, sin tomar en cuenta la Faja, tiene una reservas de crudos convencionales ¡que excede los 40,000 millones de barriles! Lo que supera las de todos los países de América al sur del Río Grande. Eso sin contar los más de 30 trillones de pies cúbicos de gas no asociado costa afuera (5,000 millones de barriles de petróleo equivalente- más que las reservas totales de petróleo y gas de Colombia). De hecho es muy poco lo que habría que hacer para que, dentro de la legislación presente, y en atención a convenios ya existentes con dos docenas de socios privados en empresas mixtas, a partir del mismo 1° de enero de 2018 se revirtiera la declinación de la producción y esta empezara a incrementarse.

La primera condición sine qua non sería levantar la obligación que esas empresas tienen de vender los dólares producto de sus exportaciones a Bs. 10 por dólar. Porque, ¿Quién va a traer dólares para perforar y acondicionar pozos si cada millón de $s que traen escasamente sirve para comprar 100 cartones de huevos? La segunda es que, según ya está contemplado en los convenios se les permita a los socios privados el control gerencial absoluto de los campos que tienen asignados. La tercera, es que el Estado asuma su rol de garante de la paz pública, revirtiendo la dramática situación de inseguridad en los yacimientos donde las mafias hamponiles campean a sus anchas robándose hasta las válvulas de las macoyas con total impunidad. Y finalmente la cuarta es que PDVSA amplíe el espectro de campos maduros que pueden explotar sus socios, incorporando aquellos que en los últimos años no han querido o no han podido poner a producir y que mucho menos podrá ahora ante el estado de postración que se encuentra la empresa.

Quienes de eso conocen aseguran que el incremento para 2018 estaría entre 200 y 300 mil barriles diarios, aumentando a unos 500 mil en el segundo año y alcanzando el millón de barriles adicionales el 2020/21. El efecto sobre las cuentas externas a los actuales precios del crudo sería dramático: unos $ 4,500 millones el primer año, llegando a casi $ 18,000 millones a mitades del tercero, cambiando dramáticamente la percepción de riesgo país, y de paso, si la tasa de cambio se libera totalmente, abriendo de nuevo las líneas de financiamiento comercial para importaciones. Ante un cuadro así, cualquier negociación para aliviar la carga de la deuda en los años de mayores vencimiento sería una relación ganar-ganar con los mercados financieros. ¿Y PDVSA? Si alguien es capaz de rescatarla antes que sea inminente su disolución, esta puede dedicarse a los campos de la Faja y los convencionales que aun explota por cuenta propia.

Que todo esto no suceda es un testimonio a la incapacidad de la clase política venezolana de ver más allá de las ideologías y la coyuntura, para ponerse de acuerdo en aquello que verdaderamente beneficie al pueblo.

Aurelio F. Concheso / Ingeniero

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