Un enfrentamiento institucional se desató en Puerto Rico, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal aprobara la reducción de la jornada laboral en dos días a la semana, con el fin de ahorrar 218 millones de dólares en salarios.

El Ejecutivo local, dirigido por Ricardo Roselló, se pronunció en contra de la reducción de la jornada laboral para los empleados públicos, a excepción de la policía, que se empezará a aplicar desde el primero de septiembre.

Rosselló se dirigió al país, horas después del anuncio, para declarar que no acatará la medida y que ha cursado las correspondientes cartas al presidente estadounidense, Donald Trump, y al presidente de la Cámara de Representantes federal, Paul Ryan, para informar que no implementará la medida.

Por su parte, la patronal y otras organizaciones sociales se han puesto del lado del Gobierno y han denunciado que se trata de una medida que estrangulará la economía local, por la sencilla razón de que dejarán de circular millones de dólares en un momento en el que lo que hace falta es reactivar una economía en caída libre.

Actualidad Laboral / Con información de Globovisión