06-08-2015
Una de las ideas fundamentales del marxismo ortodoxo es que el sistema capitalista y la propiedad privada son la causa raíz de las diferencias de clase que dieron origen, tras el proceso evolutivo de la revolución industrial, a la burguesía y al proletariado industrial. De manera que esta situación, en principio,  se constituyó en el leit motiv del cambio “revolucionario” que debía encabezar el proletariado.

En Venezuela, desde la llegada a la presidencia del teniente coronel Hugo Chávez Frías se ha promovido una transformación, pretendidamente revolucionaria que, planteándose un cambio social radical, sólo ha llegado y, pareciera que de allí no pasará, a la etapa de destrucción del sistema capitalista y la propiedad privada.

En este sentido, desde el año 2005 y hasta el 2011 se registró en el país un intenso proceso de desindustrialización programada que dio cuenta, a través de fórmulas de estatización, nacionalización y/o expropiación de un número importante de empresas, apalancadas en la creencia de que la producción nacional sería sustituida por las importaciones que, en manos del Estado “todo poderoso”, haría posible la extraordinaria renta petrolera. De esta forma, destruido el aparato productivo, con una deuda industrial a proveedores foráneos superior a los 10.000 millones de dólares, con una caída importante de los ingresos petroleros y de las reservas internacionales, las perspectivas, ya previsibles en relación a las graves dificultades de abastecimiento, aún sin que intervinieran estas últimas variables, habrían sido y son de colapso estructural inevitable.

Nada nuevo hay en esta situación con referencia a ensayos pretéritos similares, salvo porque lamentablemente las víctimas del penoso y tozudo experimento somos nosotros. En este orden de ideas, sabemos que después de setenta años de ensayo leninista en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) la estrepitosa caída del modelo no levanto ni polvo. Sus tuteladas economías de la Europa del Este colapsaron mostrando todos los lamentables indicadores, que siendo comunes, hoy también nos aquejan a nosotros: control, escasez, inflación y corrupción.

Así las cosas, cualquier individuo medianamente informado habría podido preveer con mucha probabilidad de ocurrencia las consecuencias de insistir en un modelo autoritario comprobada y recurrentemente fracasado. Cabe entonces preguntarse: 1) ¿Por qué insistir en su implantación? La respuesta no es la comunmente planteada con fundamento en la irrefutabilidad de los hechos: la ignorancia. Más bien se trata fundamentalmente de la necesidad de dar sustento ideológico a un ensayo, ya no de control marxista, sino militar y militarista.

Ahora bien, comprobado el fracaso in situ del modelo, se suscita en consecuencia una nueva inquietud. ¿Por qué, ante la gravedad del nefasto y costoso ensayo, no empezar a desmontarlo? Y en este caso la respuesta es de tal complejidad que sólo podríamos avizorarla. En primera instancia y ante la estrepitosa caída de la popularidad del heredero del modelo revolucionario -el Sr. Nicolás Maduro Moros- el desmontaje del modelo económico de inspiración marxista implicaría a su vez la desarticulación del aparato ideológico hasta ahora sostenido. El costo político de ello implicaría el riesgo de dilapidar un porcentaje importante de la popularidad que aún representa, haciéndola por ello una alternativa inviable. La segunda consideración de importancia la constituye el hecho, por demás evidente, de la atomización de las más altas instancias del Gobierno. En principio en dos grupos: civiles y militares, pero con el agravante de las subdivisiones internas de cada uno. Esta situación genera un efecto de ingobernabilidad insuperable en el corto plazo, lo cual dificulta la toma de decisiones críticas y de alto nivel, como sería la deconstrucción del modelo económico puesto en marcha por el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Finalmente, aunque no como colofón de un conjunto de explicaciones únicas, está la vulnerabilidad que supondría la rectificación del modelo económico y productivo para figuras prominentes del oficialismo, cuyas fuentes de lucro no sólo han estado al margen de la ley, sino que han sido comprobadas y substanciadas por terceros, por lo que su salida del Gobierno y del poder los dejaría expuestos a medidas legales y penalizaciones dentro y fuera del territorio nacional. Ante esta posibilidad la única salida a la mano implicaría la radicalización y el empleo de recursos y medios, lícitos e ilícitos que le mantenga, aún temporalmente, bajo el paraguas del poder.

En suma, lejos de ser viable el desmontaje del fracasado modelo socioproductivo, los indicios parecieran apuntar no sólo a su sostenimiento, sino inclusive a su profundización. Ante ello  la sociedad y en particular los actores políticos, sociales y productivos (trabajadores y empresarios) deben prepararse para definir estrategias colectivas y articuladas que les permitan afrontar exitosamente las vicisitudes de un futuro complejo, sólo superable a partir de la claridad del diagnóstico y la unicidad de criterios.

Luis Lauriño / Industriólogo

@luislaurino