El incremento de la dependencia de la industria petrolera a lo que se suman las limitaciones a la libertad empresarial y autonomía sindical, el desestímulo a la inversión, la inseguridad jurídica y un desequilibrio en términos del intercambio comercial, enmarcan las relaciones de trabajo y de empleo de la Venezuela de hoy. El conjunto de estrategias, planes y políticas impulsadas desde el Gobierno a partir del año 1999 no han generado los resultados esperados.

El sistema laboral venezolano está altamente intervenido por el Estado. Tanto los trabajadores como los empresarios y sus representantes han perdido terreno, su legitimidad, prestigio y participación en la toma de decisiones se ha visto mermada por un proceso degenerativo de larga data y agudizado por una postura gubernamental que insiste en debilitarlo especialmente impulsando artificialmente una estrategia de conformación de organizaciones paralelas de corte oficialista y de carácter vertical que pretenden llenar el vacío dejado por un modelo corporativista raquítico y agotado.

Los nexos de subordinación entre el Gobierno y sus agencias y los representantes de los trabajadores persisten, por otra parte el sector privado se ha visto constantemente presionado por un marco normativo que le impone reajustes o reacomodos en muchos casos imposibles o insostenibles, dejándole poco margen de acción y reacción. No cabe duda de que el deterioro de las relaciones Gobierno-empresarios-trabajadores y de las instituciones que se han creado o relanzado en los últimos años tendrá un fuerte efecto negativo en el crecimiento económico de largo plazo.

El desequilibrio del poder entre los actores fundamentales del sistema de relaciones de trabajo, no es beneficioso. Esa correlación de poderes entre dos actores débiles con instituciones tambaleantes frente a un Gobierno fuerte con instituciones que tienden a favorecerlo y con un marco normativo producto de su interpretación particular sobre el “deber ser social” no favorecen un proceso de diálogo social y un equilibrio que permita enriquecer las discusiones y orientar el país al desarrollo.

La definición de un “modelo de país” traducido en una forma de Estado ejercido por un Gobierno e instituciones que contribuyan al equilibrio de fuerzas en la sociedad mediante actividades de mediación, administración de justicia o regulación, es una tarea pendiente que no puede ser resuelta por un sector de la sociedad, hace falta un acuerdo nacional que reconozca la importancia de las instituciones vinculadas a los actores del sistema de relaciones de trabajo y de su fortalecimiento.

La coyuntura exige ser creativos en la concepción de un proceso de diálogo legítimo que permita tender puentes entre los distintos actores y sectores sociales. Los retos que plantea el contexto y la propia dinámica del sistema de relaciones de trabajo,  se hacen mayores dada las características y la situación de crisis que enfrentan los actores y sus organizaciones. El desarrollo de la institucionalidad para enfrentar los problemas que afectan el mundo de las relaciones de trabajo pasa por el fortalecimiento del diálogo social como aspecto clave.

La alta conflictividad socio-laboral ilustra la magnitud del problema, su crecimiento ha sido impresionante, estos niveles representan sólo un síntoma del desequilibrio que caracteriza a las relaciones de trabajo:

 

Conflictividad social / laboral (2011-2014) (OVCS, 2014)

2011: 5.338 / 2.093, el 38% (laborales)

2012: 5.483 / 2.256, el 41% (laborales)

2013: 4.410 / 1.791, el 41% (laborales)

2014: 6.369 (1er semestre) / 647, el 10% (laborales)

 

-El aumento de la conflictividad laboral se expresa en protestas con un alto índice de requerimientos de mejoras laborales, situación de los tercerizados y exigencias por la discusión de contratos colectivos.

- Los estados de mayor conflictividad: Bolívar, Distrito Capital y Zulia: presencia de industrias básicas, ministerios y sedes de las principales oficinas de gobierno.

- Sector más violento: construcción (mafias sindicales y sindicariato)

- Tipo de protesta: paros laborales y huelgas, algunos de larga duración. En el sector público más de 400 contratos vencidos.

-Del total de los conflictos registrados, un alto porcentaje son de carácter laboral, fundamentalmente en el ámbito público (80%).

Josué Bonilla / Industriólogo

@josuebonilla23