A medida que vamos creciendo, y preparándonos profesionalmente, vamos ideando lo que nos gustaría que fuera nuestro primer trabajo. Probablemente a lo largo de una carrera profesional o técnica, encontremos algún aspecto de ésta que nos guste o apasione, y que en consecuencia, queramos desarrollar en nuestra vida laboral.

Sin embargo, cuando llega el esperado día en que nos imponen la medalla como Abogado (en mi caso), y pasa la euforia de fiestas y celebraciones; nos encontramos con una realidad muy dura de digerir. Muchos colegas, y en general profesionales recién graduados, se encuentran en la búsqueda de esa oportunidad que les permita obtener la tan necesaria “experiencia”.

Como empleadores, la mayoría de las veces que nos encontramos en la búsqueda de nuevos trabajadores exigimos un mínimo de experiencia; pero para estos nuevos talentos, lograr esa experiencia no es tan sencillo.

Por supuesto que, de contar con una economía más estable y confiable; muchas empresas estarían más que encantadas de formar nuevos talentos para hacerlos parte de su equipo. Pero si no podemos despedir a los “destalentos”, ¿cómo comenzamos de cero, incrementando el headcount sin garantías de ningún tipo?

Ante esta realidad, el Ejecutivo Nacional no tuvo más brillante idea que hacerlo ley por vía habilitante. Es decir, ya que las Empresas no lo hacen por iniciativa propia (porque no pueden seguir pagando los altos costos laborales), lo harán por mandato de ley.

El pasado 7 de octubre, Nicolás Maduro anunció la aprobación de la Ley para el Fomento del Empleo Juvenil, la cual entrará en vigencia con su publicación en Gaceta Oficial.

Aun esperamos esta publicación, sin embargo, Littler tuvo acceso al Proyecto de Ley; el cual probablemente no diste mucho del contenido final de esta nueva norma.

Resulta interesante como el Estado impone a través de esta ley, la obligación de formar a jóvenes y madres en oficios y profesiones que les permitan incorporarse a su primer empleo, con todos los beneficios y derechos de un trabajador más. La ley, viene a exigir a las empresas la contratación entre 5% y 10% de su nómina actual bajo la cualidad de joven en formación o madre con hijos insertos en educación básica formal.

A cambio, el Estado ofrece incentivos fiscales y parafiscales… pero ¿llegaremos a gozar de esos “beneficios” sin antes ver comprometida la viabilidad de las empresas en Venezuela?

Digamos que, una compañía trasnacional cuente con 800 trabajadores en su nómina; y que probablemente ya esté atravesando procesos de reestructuración ante la imposibilidad de seguir manteniendo a trabajadores que no proporcionan valor agregado al negocio (y que tampoco pueden ser despedidos). Esta compañía, también está atravesando las dificultades del limitado acceso a las divisas, por lo que su rentabilidad cada vez es menor.

Entonces, para sazonar todo el asunto, llega la ley del empleo juvenil para obligarles a contratar entre 40 y 80 jóvenes sin experiencia o madres con hijos en educación básica para disminuir las tasas de desempleo del país. Pero además, te aclara que las madres deben laborar en el mismo horario que sus hijos van al colegio; mientras que los jóvenes, en un horario que no coincida con sus clases universitarias. Todo esto mientras pagas el mismo salario de un trabajador que ocupe igual o similar cargo (con todo el impacto que esto significa).

Volviendo al principio del artículo, en un país con economía estable, probablemente sería brillante un programa social de este tipo. Pero en Venezuela, la mayoría de los empleadores está buscando sobrevivir mientras que, como puede, se desprende de trabajadores que se han convertido en vagos protegidos de este régimen paternalista. Si ya es difícil cumplir con el montón de leyes que imponen al patrono diversas obligaciones de toda índole, ahora sin aviso ni protesto, deben incluir en sus presupuestos este “detallito”.

Y aclaro que, estoy de acuerdo con la necesidad de fomentar la formación de nuevos talentos, y brindar la oportunidad de adquirir experiencia laboral a muchos jóvenes profesionales que están emigrando por falta precisamente de oportunidades; sin embargo, la vía para hacerlo señor Presidente, no es la imposición a las empresas (cada vez más agonizantes) de nuevas obligaciones; sino mediante el impulso de inversiones nacionales y extranjeras en este país; que siempre ha sido noble y fértil para cualquier persona con ideas y capital.

Esperemos que la puesta en práctica de esta nueva ley (aun por publicarse), no implique además, fiscalizaciones y arremetidas contra la ¿guerra laboral?

Ilyana León / Abogado

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