Es indudable el incremento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, sin embargo, en la Región a pesar de los esfuerzos realizados en cuanto a la reducción de la pobreza y pese al mejoramiento de los indicadores, persiste el elevado número de personas que aún permanecen en la pobreza.

La OIT estima que alrededor de 168 millones de latinoamericanos se encuentran en esa situación y, de ellos, un elevado número son mujeres, ya que 7 de cada 10 mujeres en edad reproductiva forman parte de la fuerza de trabajo. Éstas enfrentan una situación complicada derivada de los múltiples roles que les toca jugar: el sostenimiento del grupo familiar, en especial en aquellas circunstancias en la cual ejerce la jefatura, hogares monoparentales, dónde el ingreso principal deviene del trabajo de la madre, lo cual obliga a compartir responsabilidades entre la atención a los menores dependientes y muchas veces a la familia extendida que convive bajo un mismo techo.

Las limitaciones de ingreso, colocan a estas familias en situación de desventaja. La mayoría de ellas, sobreviven con empleos informales, sin gozar de las condiciones de un empleo estable y bien remunerado; sin seguridad social, dependiendo de las políticas sociales implantadas por los gobiernos en las últimas décadas, para aliviar los casos de pobreza extrema y facilitar el acceso a los servicios públicos a las comunidades marginales.

Por lo tanto, una de las tareas pendientes en relación con las políticas públicas, en materia laboral, se refiere a la imperiosa necesidad de enfrentar el problema de millones de mujeres que día a día, con esfuerzo y voluntad, se ven obligadas a incorporarse al mercado informal. Esto con el fin de ganar el sustento, en muchos casos, sin el reconocimiento de sus derechos, por limitaciones en los marcos regulatorios, incluyendo las leyes laborales y los sistemas de seguridad social.

De otro lado, el fortalecimiento del núcleo familiar, obliga a fijar la atención en aquellas medidas que favorezcan la vida a la madre trabajadora, al facilitar, entre otros, la atención a los menores, mediante la implantación de programas orientados a ello. De allí la conveniencia de incorporar, tanto a la sociedad civil organizada como a los gobiernos locales, en esquemas de atención que multipliquen las oportunidades de servicios con calidad y a costos razonables para la población afectada.

La pobreza y exclusión se concentran principalmente en centros urbanos. De allí la urgencia de dirigir esfuerzos incrementando la oferta de servicios en las barriadas populares, componente indispensable para lograr una mayor calidad de vida, entre ellos la presencia policial para una mayor seguridad; elemento clave dada la violencia y criminalidad imperante.

Mejorar las condiciones y calidad de vida contribuirá a fortalecer el entorno, facilitando la incorporación de los niños y jóvenes a la escolaridad y posteriormente a la fuerza de trabajo, dónde mujeres con mayor capacitación tendrán la oportunidad de integrarse a un mundo laboral que cambia aceleradamente.

Lo mejor para todos en este 2015.

Maritza Izaguirre/Socióloga