Nada ha sido tan comentado esta semana como la noticia de la detención “amistosa” de altos directivos de una cadena de tiendas. El procedimiento legal aplicado se desconoce por completo pero la detención, hasta donde hemos leído, presuntamente tendría como motivo principal declarar en una investigación por generar largas colas en todos sus establecimientos.

Asumo que tanto usted como yo hemos comprado en esas tiendas y que justamente, por el tema de las colas, tendremos más de un mes sin pisar estos locales. Sin que suene a publicidad, se trata de una de las mejores cadenas de su especie en el país, presente en casi todas las localidades principales de la geografía y en la cual la compra de medicamentos se confunde con la de cualquier otro artículo que usted podría o no necesitar. Es agradable (colas aparte) comprar allí como en otras cadenas que compiten con ella, pues hacen que las necesidades médicas nos parezcan más amistosas. No podemos dudar del éxito y crecimiento sostenido de ese negocio en los últimos tiempos (la cadena en cuestión y sus competidores) y tampoco podemos dudar que la distribución de todos los productos regulados se realiza aún con cierta transparencia, aunque graneada, en todas estas tiendas.

Imagine por un momento que usted se le acaba el jabón de tocador y ya no tiene con qué bañarse. Usted tiene que elegir entre hacer la cola en una de estas cuestionadas cadenas de tienda (en la que hay dos barras de jabón por persona) o en una tienda de la red de abastos públicos. Es probable que usted vaya a cualquiera de las dos opciones donde haya jabón y consiga, sin temor a equivocarme, una enorme fila para comprarlo.

Sin embargo, el placer de ser invitado a declarar lo goza únicamente el empresario privado, lo cual pareciera ser un nuevo episodio de un reality show que podríamos llamar “el riesgo de hacer negocios en Venezuela”. Todos los negocios implican, suponen y hasta exigen un riesgo.

En Venezuela, el negocio es el riesgo en sí mismo y a menos que usted sea “Cool Mc Cool”, nadie en su sano juicio va a querer venir a traer sus productos, sus dólares y sus puestos de trabajo en un país donde ya se daba por descuento que no tendrías seguridad personal, pero que ahora tampoco tendrás seguridad de poder operar, aun cuando decidas asumir todos los riesgos.

Laboralmente hablando, estos riesgos pueden suponer la caída real del empleo y por supuesto la caída (siempre se puede seguir cayendo) de la producción nacional. Ya sabíamos que podíamos llegar a ir presos por desacatar una orden de reenganche; pero incluso en esos procedimientos la asistencia de la fuerza pública debía estar acompañada de una orden del Ministerio Público y el arresto debía darse previo un debido proceso legal.

No obstante, en los días que discurren, estamos asistiendo a un acto sin precedentes. Fiscalizaciones, detenciones o simplemente invitaciones cordiales a declarar en procedimientos que se van construyendo conforme lo ameritan las circunstancias, ante leyes que se interpretan (o se ignoran) de acuerdo a las circunstancias. Invitaciones a entes gubernamentales o de investigación que no están previstos en la ley como los garantes del cumplimiento de los deberes de empresarios y empresas frente a los llamados Derechos económicos que se deben proteger.

Esta situación viene a sumar un tanto más a las gravísimas circunstancias económicas que vive el país. Hoy en día quienes deberían estar pensando en desarrollar productos y bienes que mejoren nuestra calidad de vida, están pensando en evitar ir presos. Y quienes deberían estar pensando en cómo arreglar los problemas, están pensando en enviar presos a los que aún trabajan. Así nadie produce. Así no se progresa.

No puede ser un delito ser empresario y gestionar tu negocio de acuerdo a las limitaciones que el propio sistema te impone. Si bordeas las dificultades y lo haces bien puedes ir preso simplemente por demostrar que tu competidor (el Estado) ha fallado. ¿Puede usted ir preso por un delito que no existe? Pareciera que sí, el delito se irá construyendo si usted es parte de la guerra económica.

Nuestra calidad de vida depende de las empresas privadas y sus productos y servicios. Muchos hogares dependen de la permanencia de estas empresas en el país, de su capacidad creadora y de su posibilidad de crecimiento sostenido. Cada vez que se ataca a una empresa sin razón, se golpea duramente en la cara a las posibilidades de salir de la grave situación en la que estamos.

Usted, amigo trabajador, tenga mucho cuidado de lo que dice, donde lo dice y como lo dice. Mientras usted cree que ayuda a derrotar la guerra económica que solo existe en el discurso y no en los hechos, el hecho es que su fuente de trabajo puede cerrar o lo que es peor, ser expropiada.

A las pruebas me remito.

Ángel Mendoza / Abogado

@angelmendozaqui