En el 2019, el Ministerio de Hacienda presupuestó ingresos ¢5 billones de colones (moneda del país) y, para cubrir salarios, previó ¢2,6 billones de colones. Ese último dato no contempla el dinero que utilizan en sueldos, las instituciones descentralizadas que reciben transferencias del Gobierno Central. Y pese a ser el país de la OCDE que más dinero destina a pagar salarios públicos, en Costa Rica el empleo público solo representa el 13% de la fuerza laboral, mientras que el promedio es de un 20% en la organización.
El análisis señala que, “los salarios del sector público son casi un 50% más altos que en el sector privado, después de tomar en cuenta las características de los empleados”. La situación obedece a un régimen salarial “sumamente fragmentado”.
Para la OCDE, la remuneración de los empleados públicos en Costa Rica es “demasiado compleja, poco clara y sumamente difícil de controlar"; pues, este es el resultado de una combinación de numerosas asignaciones e incentivos, los cuales varían de un empleado a otro. También, el documento achaca los aumentos disparejos en el sector público a la gran cantidad de convenios colectivos y legislaciones. “Existen grandes diferencias en los componentes salariales adicionales dentro de la misma categoría institucional. En total, hay hasta 260 pluses salariales en todas las instituciones (...). Esto da lugar a grandes diferencias dentro de la misma categoría de trabajo, que en algunos casos puede alcanzar más del 600%", indica el documento.
“Por ejemplo, el salario base de los empleados en el régimen del Servicio Civil puede complementarse con más de 20 incentivos diferentes, que incluyen pagos por antigüedad y pluses”, señala la OCDE. Asimismo, su posición es crítica sobre la independencia que gozan las instituciones autónomas: "Las entidades desconcentradas, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), disfrutan de un alto grado de autonomía sobre la política salarial y tienen la mayor parte de los pluses salariales, que asciende al 46%. Las instituciones autónomas son aquellas que pertenecen al sector público, por lo que reciben dinero de las arcas estatales, pero poseen independencia administrativa y financiera.
“El sistema supone una contribución a la desigualdad de ingresos y perjudica la moral del personal y el desempeño del sector público", agrega el estudio.
Según los datos del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), el cual posee un registro actualizado de los trabajadores inscritos ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el Gobierno Central laboran casi 145.000 personas. En julio, su salario promedio fue de ¢1.056.000 colones. En septiembre, el sueldo medio fue de ¢1.042.000. Ese mismo registro indica que en las instituciones descentralizadas laboran 173.500 empleados. En julio, su salario promedio fue de ¢1.322.000 colones y, en septiembre, de ¢1.123.000 colones.
El documento Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020 se dedica a analizar las principales carencias y virtudes que posee el país, debido a que la nación costarricense se encuentra en la recta final para ser miembro de la organización. El país será la cuarta nación latinoamericana en ingresar a la OCDE. Desde esa institución han sido críticos de las disparidades que presenta el empleo público.
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