Si el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que discutió el caso de Venezuela en su reunión en marzo, necesitaba otra prueba que demostrara que el gobierno de Nicolás Maduro viola sistemáticamente el convenio 144 relativo a la consulta tripartita, ya la tiene: la imposición del pago de salarios a través de la plataforma virtual patria sin haberlo discutido previamente con los trabajadores y sus patronos.
De acuerdo con Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), lo que realmente es una «violación gravísima a los derechos humanos» de los trabajadores es la «modificación unilateral del contrato de trabajo sin que haya habido un acuerdo entre el patrono y el trabajador y sus representantes sindicales y gremiales». También que el jefe de las instituciones «no haya realizado un procedimiento ante el Ministerio del Trabajo y haya convocado a las organizaciones sindicales para llegar a un acuerdo en relación con esto».
Según dirigentes sindicales, el gobierno de Maduro busca una vez más aniquilar las organizaciones sindicales y los contratos colectivos, ya debilitados por la crisis económica e incumplimientos del Estado, al imponer que sea un solo ente, el sistema patria, que depende únicamente del Ejecutivo, el que pague las nóminas de todas las universidades, de entes públicos, alcaldías y del sector salud.
«Ya todo el mundo está cobrando por el sistema patria», dice el sindicalista del sector salud Mauro Zambrano. "El sistema automáticamente manda el dinero al banco donde tú tienes la quincena. Lo que hicieron fue prácticamente centralizar las nóminas y vicepresidencia maneja todo. Ahora las instituciones no reciben los recursos sino que vicepresidencia paga desde allá por el sistema patria".
La presidenta de la central ASI explica que la política «unilateral e inconsulta» del Estado venezolano de traspasar el pago de las nóminas al sistema virtual patria genera grandes interrogantes y un estado de alarma sindical y gremial por muchas razones. «Nos preguntamos si se ha producido una sustitución de patrono y quién es ahora el jefe, ante quién estamos subordinados, a quién le reclamamos, qué tipo de salario están pagando, quién nos responde por los atrasos y la mora, a quién le pedimos el pago con salario integral, cómo sabemos si están pagando en función de los tabuladores, quién reconoce el pago y quién paga las cláusulas y beneficios establecidos en el contrato colectivo».
«Esto nos produce gran alarma ya que no sé quién es mi patrono, a quién le debo presentar un proyecto de contrato colectivo, un pliego o un simple reclamo si hasta ahora cuando hemos reclamado a las direcciones de personal o de desarrollo humano de las instituciones nos dicen que no es su culpa sino de la plataforma patria».
León sostiene que se pudiera pensar que «es una política de genocidio sindical y gremial en la que se extinguen y anulan de facto un centenar de contratos colectivos y un centenar de organizaciones sindicales». «Es muy evidente que se trata de una violación fragante e inconsulta el convenio 87 sobre libertad sindical, al convenio 98 sobre contratación colectiva, al convenio 95 sobre protección del salario y al convenio de 144 ante la ausencia de consulta a los trabajadores y sus organizaciones».
«Nuevamente se genera una alarma porque además de pretender desaparecer nuestras organizaciones sindicales y nuestros contratos colectivos, pudiera ser una estandarización salarial que irrespete todo baremo de diferenciación salarial, de antigüedad, de experiencia y de profesionalización. El Estado venezolano debe responder y aclarar a las organizaciones sindicales y gremiales sobre tan grave incumplimiento en un momento en que la OIT está pidiendo muestras concretas de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe de la Comisión de Encuesta referida a los convenios 26, 144 y 87».
Otra interrogante que genera la medida es qué pasará con los pagos de los otros beneficios establecidos en los contratos colectivos que reciben los trabajadores universitarios y de entes públicos, como la caja de ahorro, las prestaciones sociales, las utilidades, las vacaciones, las jubilaciones y las guardias realizadas durante los fines de semana o días feriados.
«Solo se sabe del salario básico de la nómina, pero los demás beneficios quedan en el aire. No sabemos nada, hay una gran incertidumbre porque no se sabe qué pasará con el resto de los beneficios, no se sabe cómo será el pago», expresa León.
Pero buena parte de las nóminas de las instituciones no recibieron ni siquiera el salario después de que el pago de este pasara a ser responsabilidad del sistema patria a principios de marzo.
Hasta el 31 de marzo, más de 1.000 trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) no habían cobrado su salario desde el 25 de febrero y a más de 8.000, incluyendo dirigentes sindicales y jubilados, no les pagaron la segunda quincena de marzo. Esto representa 66,6% de la plantilla del ente público, conformado por 12.000 empleados, aproximadamente.
Carmelo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Inces (Sintrainces), denuncia que recursos humanos del ente público ha respondido a los empleados que no cobraron en marzo que ellos mismos debían hacer el reclamo y demostrar que no les habían abonado. «Nosotros, los perjudicados, somos los que tenemos que resolver».
Pese a ser el presidente del sindicato del Inces, a Sánchez no le pagaron los aproximadamente tres millones de bolívares que cobra quincenal ni el bono de alimentación de 1.800.000 bolívares que deben depositarle el 25 de cada mes. Y el problema es peor, señala, porque no sabe exactamente a quién debe reclamarle.
«Ahora yo no tengo un patrón. No sé a quién le hago un reclamo y tampoco a quién presentarle una propuesta de la convención colectiva. Ahora lo que tengo es un patrón virtual que desconozco porque no sé a quién le pertenece la plataforma patria. Pareciera que fuese del Banco Central de Venezuela porque cuando me pagaron la primera quincena de marzo aparecía el RIF del BCV. Entonces, ahora pienso que mi jefe es el Banco Central».
El artículo 40 de la Ley del Trabajo establece que un patrono es «toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores o trabajadoras». Con el traspaso de las nóminas al sistema patria, los trabajadores pasan a depender de una plataforma digital sin rostro. «Pero, ¿quién es sistema patria? Hasta ahora un patrono virtual que no conocemos. ¿A quién le reclamo entonces?», agrega León.
Trabajadores del Hospital Universitario de Maracaibo —centro de salud centinela para atender casos de covid-19— recibieron incompleto el pago de la primera quincena del mes de marzo, el día 25 de ese mes, que además se canceló con retrasos y por el sistema patria.
«A mí me pagan ocho millones y esta vez me pagaron 4.400.000 bolívares. Para nadie es un secreto que nosotros no estamos ahí por los sueldos, sino por amor y vocación, pero ya basta de tantas burlas y que se aprovechen del amor por el trabajo. Nos quitaron vacaciones, días de descansos y otros beneficios por la pandemia y ahora se meten con el sueldo», dijo un enfermero a El Pitazo.
Y, aseguran, no les dan respuestas a sus reclamos.
En este sentido, Dionis Dávila, presidente de Fenasipruv, sostiene que con la medida se pierde la relación laboral directa que tienen los trabajadores universitarios con sus autoridades debido a que aparece un nuevo patrón, digital y desconocido. «Todo esto desvía la razón de ser de nuestras organizaciones porque al reclamar una nómina o un aumento, ¿a quién se le hace? ¿Al Estado venezolano o al sistema patria? Yo no sé qué cobré ni de dónde proviene eso. Tenemos desconocimiento de qué y cómo nos pagaron, pues ni siquiera hay un instructivo ni un poco de información«.
Más de 700 trabajadores de la Universidad de los Andes (ULA) no cobraron en marzo, entre ellos jubilados. «No es una gran cantidad de dinero lo que se recibe, pero es lo que les corresponde a muchas personas, de tal manera que esto conlleva a afectar lo que se tiene establecido en las convenciones colectivas».
Las universidades autónomas del país recibieron un mensaje de WhatsApp —ni siquiera una comunicación oficial— donde se les solicitaba sus nóminas, los nombres de los trabajadores, sus cédulas de identidad y sus cuentas bancarias para pasar al sistema patria la responsabilidad de pagar los salarios del sector. Dávila sostiene que esta medida violenta «una serie de leyes» como la Ley de Universidades y «la propia Constitución» que en los artículos 109 y 9, respectivamente, establecen la autonomía económica y financiera, para organizar y administrar su patrimonio.
«Es un atropello más en el que vemos reflejado el querer del gobierno y del Ministerio de Educación Universitaria de terminar de acabar con las universidades y dejarlas sin recursos inclusive para su propio funcionamiento. El gobierno está obligando a las propias universidades a violar la ley, hecho tal que algunas decidieron, en consejo universitario y con el apoyo de la mayoría de la comunidad universitaria, no enviar esta nómina al sistema patria, primero porque esto conlleva a que la universidad no tengan ningún control con respecto al pago de sus propios trabajadores y porque significa un abuso querer quitar la autonomía universitaria a las propias universidades».
Una encuesta dirigida a docentes y trabajadores universitarios, realizada el 7 de marzo de manera virtual por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), arrojó que 94% de 1.541 personas que voluntariamente participaron rechaza el pago de nóminas por el sistema patria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la pretensión del gobierno de Maduro de centralizar el pago de las nóminas de los trabajadores universitarios viola la autonomía de las casas de estudio y los derechos laborales. «La CIDH expresa preocupación por el anuncio de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, indicando que el pago de nóminas de docentes y personal de las universidades públicas será a través del sistema Patria».
Una fuente del sector oficial dijo a HispanoPost que el pago de salarios por el sistema patria tiene el propósito de acelerar la digitalización propuesta por Nicolás Maduro y aseguró que la plataforma digital depende únicamente del Ejecutivo, por lo que los ministros, los viceministros ni los jefes de despacho podrán tomar decisiones ni tendrán y a dónde acudir si no pagan aumentos ni primas.
Actualidad Laboral / Con información de TalCual
Foto: Crónica Uno
