En 1999 la tasa de desempleo reportada por el INE fue del 15%. Eso en términos absolutos se traduce en 1.5 millones de personas que para el momento buscaban trabajo sin éxito. Su fluctuación tendió a la baja hasta el conflictivo año 2003, momento en que el indicador mostró su más alto nivel. Más del 19% de la población económicamente activa, 2.2 millones, se encontraban en una de las peores situaciones de vulnerabilidad: sin empleo y por lo tanto sin ingresos y en medio de un contexto de conflictividad política, económica y social que limitaba las posibilidades de solventar la situación. Pasada la perturbación, el indicador comenzó a mostrar signos de mejoría, tendencia que se ha mantenido hasta alcanzar en el primer semestre del año 2014 el 7,8%, cifra que a muchos causan suspicacias, sospechas, o sencillamente desconfianza hacia el organismo oficial.

Frente a la desconfianza, el razonamiento debería apuntar a tratar de entender el comportamiento de este indicador en términos de lo que realmente evidencia de la realidad del mercado laboral, y si su reducción es una muestra suficiente para dar cuenta de avances en materia de empleo. Para ello lo primero es aclarar qué indica la tasa de desempleo; ésta da cuenta de la proporción de personas económicamente activas que declaran haber estado buscando empleo la semana previa al levantamiento de la información. La medida habla de la subutilización de la oferta de mano de obra en una economía y es relativamente volátil, razón por la que normalmente se recomienda que a la hora de interpretarla, se consideren los cambios en las medidas tanto de la oferta como de la demanda total de la mano de obra, aspectos que los anuncios oficiales normalmente no toman en cuenta.

La población de 15 años y más, que es la base para todos los cálculos de indicadores laborales, se clasifica en población económicamente activa (PEA) y económicamente inactiva (PEI). La activa representa la oferta de mano de obra con la que cuenta el país para la producción de bienes y servicios, pues agrupa a los ocupados y a los que buscan trabajo. La inactiva la conforma todas las personas que no desean trabajar o bien porque están estudiando, son amas de casa, están jubilados, retirados, son rentistas, se encuentran incapacitados o no se ubican en ninguna de las categorías anteriores. A estos últimos se les clasifica en “otra situación”.

De manera que una reducción del volumen de personas en la condición de desempleados implica que, o bien aumentó población ocupada, porque buscaron trabajo y lo encontraron; o bien aumentó la población inactiva, porque buscaron trabajo sin éxito y ante la imposibilidad de emplearse sencillamente dejan de buscarlo abultando la inactividad.

En el período que va desde 1999 hasta el presente la variación interanual del número de ocupados no ha sufrido cambios sustanciales excepto en los momentos de convulsión. En los años posteriores al 2003 la ocupación mantuvo un crecimiento entre 350 y 430 mil nuevos trabajadores cada año. Esto significa que no ha habido medidas que realmente impacten la generación de nuevos empleos, es decir, que la estructura económica del país no ha crecido de manera sustancial para que la variación interanual tienda al alza. De manera que, el crecimiento de la población en edad de trabajar, producto de la transición demográfica, está siendo absorbido no solamente por ese comportamiento inercial de la ocupación, también por la población inactiva.

El análisis de los indicadores en el período muestra que la tasa de desempleo tiene una relación inversa con la inactividad, es decir, mientras la tasa disminuye, el porcentaje de  inactivos se incrementa de forma importante, lo que refuerza que la reducción del desempleo no necesariamente ocurre gracias al impulso del aparato productivo nacional como se afirma desde los entes oficiales.

La pregunta es, ¿qué tipo de empleo se está generando en el país? ¿Se trata de empleos productivos? Tristemente la respuesta es: no se han creado puestos de trabajo en actividades económicas productivas, el comercio y los servicios son las ramas que agrupan la mayor cantidad de trabajadores, sectores donde las ocupaciones son de la más baja calificación. A lo anterior se suma que en términos absolutos el país sigue manteniendo más de un millón de personas sin empleo,  casi 5.5 millones de trabajadores en el sector informal de la economía y 2.6 millones de empleados en el aparato del Estado.

Frente a este contexto es imposible no hacer referencia a la Reunión Regional Americana de la OIT celebrada este mes en Perú, en la cual se hizo un llamado para generar trabajo decente y productivo, llamado que se recoge en la “Declaración de Lima”. En ella se afirma la necesidad de superar los obstáculos para avanzar en la creación del trabajo decente y en el respeto por los derechos fundamentales en el trabajo para propiciar un entorno adecuado para las empresas. Para ello se lista una serie de expectativas de políticas entre las que se destacan por ejemplo, promover el respeto a la libertad sindical y la negociación colectiva, estrategias coherentes e integradas para facilitar la transición de la economía informal a la economía formal, o, la restructuración productiva centrada en la transformación industrial hacia la producción con mayor valor agregado.

En contraste es bien sabido que en el país, por ejemplo, en materia sindical, la violencia hacia sus representantes y hacia los empleadores, junto al grave deterioro del diálogo social y la promoción de organizaciones paralelas, es la pauta reinante en esta materia. Tampoco hay estrategias definidas para promover la transición de la economía informal a la formal, sin contar con que el entorno productivo del país desincentiva la creación de nuevas empresas que dinamicen la economía y que contribuyan a este tránsito. Por último, en materia de trasformación industrial, no solamente no se propicia su desarrollo para el incremento de la producción de bienes con un mayor valor agregado, se ha reducido sustancialmente el número de establecimientos industriales, lo que imposibilita aún más que el país pueda incorporarse en estas tendencias regionales de promoción de trabajo de calidad.

En consecuencia, se mantiene una gran deuda con la población trabajadora y con los empleadores, razón por la cual la reducción de la tasa de desempleo no es suficiente motivo de alegría.

Genny Zúñiga / Socióloga

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