El Senado español instó este miércoles, al Gobierno a que a través de “instrumentos de asistencia social” preste ayudas a las familias hispano-venezolanas que están en situación de “precariedad” como consecuencia de los casi dos años de impagos de retribuciones que les debe el Gobierno de Venezuela.

Esos instrumentos sociales, como convenios y acuerdos con las administraciones locales y autonómicas (financiadas por el Estado para tal fin), servirían para promover la atención a estas familias que están en una “injusta situación”.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprobó esta moción con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios, salvo Unidos Podemos (izquierda), que se opuso.

En el texto también se insta al Gobierno español a que reitere al Ejecutivo venezolano la necesidad de abonar “en el plazo más breve posible” las pensiones de estos venezolanos residentes en España.

En España, según cálculos del partido Ciudadanos (liberales), que también se interesó el pasado año por el asunto, hay unas 3.800 personas afectadas, aunque se desconoce la cifra oficial.

El texto, aprobado este miércoles, fue propuesto por el partido Coalición Canaria, región española que tradicionalmente ha tenido una importante emigración hacia Venezuela.

El portavoz del grupo, Pablo Rodríguez Cejas, indicó que en diciembre de 2015 el Gobierno de Venezuela interrumpió el pago de pensiones a los beneficiarios en el exterior, entre ellos aquellos emigrantes que regresaron a España tras trabajar y cotizar “una vida entera” en el país suramericano.

Muchos de estos hispano-venezolanos son personas de “avanzada edad” para quienes, según el senador canario, esta pensión era su única fuente de ingresos, y se han visto abocados a una “situación de precariedad” como consecuencia de los dos años de impago y tienen la incertidumbre de no saber cuándo cobrarán.El requerimiento también solicita al Gobierno que “mantenga las reclamaciones” ante Venezuela para que cumpla el convenio bilateral de Seguridad Social vigente entre ambos países desde el 1 de julio de 1990.

Este convenio reconoce el derecho del beneficiario a cobrar pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones sin ningún tipo de reducción o suspensión independientemente de que se encuentre en España.

Actualidad Laboral / Con información de Efectococuyo