El Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad —en colaboración con la plataforma sindical RidersxDerechos y Taxi Project 2.0—. Han presentado una querella contra Glovo, la empresa de compra, recogida y envío de pedidos a través de repartidores; por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, estafa, y contra los derechos de los trabajadores.

Se trata de la primera demanda penal que se presenta contra la empresa, por contratar supuestamente falsos autónomos; explican los querellantes, en un comunicado recogido por el medio Europa Press. Añaden que, tras la reciente reforma del Código Penal, "se abre la puerta a juzgar la persistencia de este tipo de delitos".

"Creemos que, después de decenas de sentencias (incluida la del Supremo), dos años de la Ley Rider y una reforma del Código Penal, este no debía de recaer en el observatorio y las entidades colaboradoras (Taxi Project 2.0 y RidersxDerechos); es decir, en los trabajadores", indican.

La legislación actual en España recoge la "presunción de laboralidad" de estos trabajadores. No obstante, las plataformas de reparto han buscado fórmulas para poder esquivar la ley. El pasado 24 de enero, sin ir más lejos, Inspección de Trabajo impuso nuevas sanciones a Glovo por un total de 57 millones de euros; esto, por emplear falsos autónomos y personas extranjeras en situación irregular. Un castigo menor que el que le impuso en septiembre del 2022: 79 millones de euros y obligación de regularizar a más de 10.600 trabajadores.

Esta misma semana, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y Consejo (27 Estados miembros) negocian los términos de la directiva europea de trabajadores de plataforma. Y una de las cuestiones en discusión, es la conveniencia de incluir o no, la presunción de laboralidad de los repartidores.

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Actualidad Laboral / Con información de La Voz de Galicia