Nada paró su mano. Donald Trump ha hecho realidad los peores augurios y ha puesto fin al programa que permite permanecer legalmente en Estados Unidos a los llamados dreamers (soñadores), los inmigrantes sin papeles que llegaron al país siendo menores. Consciente del impacto que las posibles deportaciones causarían en sus propias filas, el presidente intentó paliar su carga ofreciendo una prórroga de seis meses mientras el Congreso halla una salida a los 800.000 afectados. Un recurso de compleja andadura, pero que incluso si llega a buen puerto difícilmente borrará una de las decisiones más oscuras de su mandato. "Que nadie se equivoque, vamos a poner el interés de los ciudadanos estadounidenses primero", tuiteó Trump.

La inmigración es una diana en manos de Trump. Primero fue el muro. Después, los musulmanes. Ahora, los dreamers. Un colectivo, casi al 80% de origen mexicano, que encarna como pocos el sueño de multiculturalidad e integración que desde su nacimiento ha representado América. Son 800.000 jóvenes registrados (y otros tantos que podrían estarlo en el futuro) a los que el propio presidente llegó declarar que “amaba” y prometió que no tenían de qué preocuparse, pero que de un plumazo han quedado en la cuerda floja a la espera de que el Congreso decida su suerte.

 

Aunque sus defensores alegan motivos jurídicos, la cancelación del programa, anunciada por el Departamento de Justicia como "una desconexión ordenada", tiene una clara raíz política. Trump se siente cómodo fustigando al indocumentado. Con 11 millones de inmigrantes sin papeles y el fantasma del odio sobrevolando las ruinas del cinturón industrial, el republicano logra sus mejores resultados en este terreno. Ahí se reconcilia con su base más radical y aparece como el político que cumple sus promesas. Entre ellas liquidar un programa que él mismo calificó de “amnistía ilegal” durante la campaña.

Pero no es un paso movido sólo por el credo ultranacionalista. Perdida la batalla por liquidar la red sanitaria de Barack Obama e incapaz aún de sacar adelante su esperada reforma tributaria, Trump encuentra en la debelación del legado de su antecesor la energía que necesita para hacer olvidar sus fracasos. Ataca, rompe y avanza. Esta demolición perpetua, sin embargo, se ha topado en el caso de los dreamers con un límite: las encuestas muestran que en la zona templada de su electorado la medida es vista con repugnancia. Así el 78% de los votantes registrados, según un sondeo de Político, es favorable a la regularización de los dreamers.

Esta simpatía habla de la alta penetración social de este colectivo. Los beneficiados por el programa DACA deben haber entrado en EEUU con menos de 16 años y vivir permanentemente en el país desde 2007. También se les exige que carezcan de antecedentes y que estudien o tengan el bachillerato acabado. A cambio se les permite trabajar y conducir, así como acceder a la seguridad social y disponer de una tarjeta de crédito. En un sistema implacable con los débiles, el DACA brinda un paraguas, pero en ningún caso supone la concesión de residencia. Tan solo una cobertura legal que difiere la posibilidad de deportación y que ha de renovarse cada dos años.

 

Cumplidores de las reglas del juego, estos jóvenes, muchos de los cuales desconocen su idioma natal, son ahora susceptibles de deportación. Sabedor del escándalo que ello supone, Trump ha intentado eludir el golpe permitiendo una prórroga hasta el 5 de marzo (sólo para renovaciones, no para nuevas instancias) y pasando la pelota al Congreso. Ahí el pacto es impredecible, pero no imposible. Figuras tan destacadas como el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, han pedido a Trump que deje a los parlamentarios buscar una solución .permanente. “Estamos hablando de niños que no conocen otro país ni otro hogar. Viven en un limbo que requiere de una solución legislativa”, ha dicho Ryan.

Al apoyo de un sector de republicanos, se sumaría la presión externa de las grandes compañías. 400 directivos, entre ellos los de Facebook, General Motors y Hewlett-Packard, han exhortado al presidente a proteger a los dreamers. “Son una de las razones por las que seguimos teniendo una ventaja competitiva global”, han escrito, al tiempo que cifraban en 460.000 millones de dólares el daño que su salida podría acarrear.

Pese a estos factores, el resultado es incierto. La profunda fractura parlamentaria y el pulso de poder que se libra en el Capitolio ensombrecen el futuro de los afectados. Aunque la Administración Trump ha insistido en que no se trata de un grupo prioritario para la deportación, es casi imposible que si finalmente no se aprueba ninguna ley no se asista a casos de expulsión. Sobre todo, cuando las autoridades poseen todos los datos de los dreamers, desde su fecha de entrada en el país a su filiación. "El impacto en las deportaciones será mínimo. el esfuerzo se centra en criminales, personas con órdenes de expulsión y aquellos que han regresado tras su expulsión", aseguró un responsable del Departamento de Seguridad Interior.

"La solución menos disruptiva"

La excepcionalidad del programa DACA no es ajena a su atribulado parto. Barack Obama nunca logró que el Congreso le diera un apoyo mayoritario. La ley que en 2010 tenía que ofrecer cobertura a los dreamers falló por cinco votos en el Senado y la Administración demócrata acabó imponiendo un remedo legal mediante una orden ejecutiva en junio de 2012.

Esta falta de sustento parlamentario permite ahora que su sucesor la pueda borrar de un plumazo. Además ha dado un argumento venenoso a la derecha más radical, que considera el programa un caso flagrante de extralimitación de los poderes ejecutivos en materia migratoria. Bajo este razonamiento, diez fiscalías estatales, encabezadas por Texas, han dado un ultimátum a Trump para que este martes cancele el programa. En caso contrario, lo impugnarán. Ante esta amenaza y en contra del criterio de su jefe de gabinete, el general John Kelly, el presidente ha decidido suspender el programa.

"Esta Administración no ha tomado a la ligera la decisión de poner fin al DACA. Hemos evaluado el programa cuidadosamente y analizado sus problemas legales. Sólo teníamos dos opciones: retirar ordenadamente el programa protegiendo a sus beneficiarios mientras el Congreso trabaja o permitir a los jueces cancelar el programa de forma completa e inmediata. Decidimos adoptar la opción menos disruptiva", afirmó el Departamento de Justicia.

Actualidad Laboral / Con información de El País