La semana pasada, a días de celebrarse el Día del Trabajador, el gobierno de Mauricio Macri retomó un proyecto de ley de reforma laboral que había sido postergado en diciembre del año pasado en un intenso clima de protestas. Tres capítulos de una nueva version del proyecto fueron enviados al Senado de la Nación para su posterior tratamiento en el recinto.

Los tres ejes fundamentales de la iniciativa son:

Regularización del trabajador no registrado: Los empleadores que registren legalmente a sus empleados como tales estarán exentos de posibles acciones penales, infracciones y multas de cualquier tipo vinculadas con la regularización de su planta de empleados, incluidas aquellas derivadas de la falta de pago de aportes y contribuciones al sistema de Seguridad Social. También se les dará de baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

Sistema de Prácticas Formativas para los estudiantes: Establece un sistema de pasantías para estudiantes y graduados recientes de la educación secundaria mayores de 18 años, en instituciones tanto privadas como públicas, con una carga horaria máxima de hasta 30 horas semanales y por un máximo de 12 meses. Por su labor recibirán una suma de dinero "en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo", calculado en base al salario básico del convenio colectivo vinculado al rubro en el que se desempeñen.

Creación de la Agencia Nacional de evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET): Se trataría de un organismo autárquico vinculado al Ministerio de Salud cuya finalidad sería "la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO)". Según afirma Página/12, el objetivo de AGNET "es reducir la litigiosidad para las obras sociales" y limitar "la posibilidad del Congreso de incluir nuevas prestaciones al Programa Médico Obligatorio".

Si bien estos puntos habían sido discutidos en diciembre con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), la central sindical con más afiliados en el país, un capítulo del proyecto que evidencia la intención del gobierno de modificar el cálculo de las indemnizaciones en casos de despido generó el repudio de gran parte del espectro gremial.

Indemnizaciones y controversia



Según establece el proyecto, se excluye del cálculo indemnizatorio "el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador".

 

Para sustituir a las indemnizaciones, desde el gobierno proponen la creación de un fondo de cese laboral, negociado en cada convenio colectivo y con el consenso de las cámaras empresariales, para asistir a las empresas a costear los despidos. Dicho fondo se financiaría en base a un aporte de los empleadores calculado sobre un porcentaje de los salarios de sus empleados más adicionales remunerativos y no remunerativos.

Durante una entrevista en Radio Mitre, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, defendió el proyecto de ley: "Nuestro objetivo es generar un vínculo entre trabajadores y empleadores en función del consenso. Buscamos la formalización de los trabajadores, creamos un fondo de cese como el que tiene el sector de la construcción. Damos un criterio indemnizatorio uniforme, acá no se le quita ningún derecho a ningún trabajador".

De acuerdo al ministro, la creación de un fondo para la indemnización depende exclusivamente de cada gremio. "Solo cuando estos convenios lo quieran, el fondo de cese reemplazaría las indemnizaciones tradicionales. El fondo de cese debe ser aprobado por cada convenio, es opcional".

 

Actualidad Laboral / Ver completo en RT / Ignacio Fernández Albano