08-12-2017
Fumata blanca. Bruselas y Londres han cerrado un acuerdo histórico sobre las condiciones de su divorcio, la primera salida de la Unión Europea en más de 60 años. En una negociación al más alto nivel entre Jean-Claude Juncker, el jefe de la Comisión Europea, y la primera ministra británica, Theresa May, el Gobierno británico se ha comprometido a pagar la factura del Brexit, por un importe de entre 40.000 y 45.000 millones de euros, y ha garantizado los derechos de los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido (y acepta el papel del Tribunal Europeo de Justicia sobre una base voluntaria). Y lo más importante: la Unión y el Reino Unido han alcanzado un pacto sobre la frontera con Irlanda, el capítulo más delicado. "No habrá frontera dura", se ha congratulado May, "y garantizamos la integridad del Reino Unido".

En la práctica, ambas promesas resultan bastante irreconciliables si Londres rehúsa permanecer en el mercado único europeo. Pero el acuerdo de este viernes permite avanzar políticamente y dejar los detalles más complejos para la siguiente fase de la negociación. "Hemos hecho grandes esfuerzos en ambos lados y el acuerdo permite empezar a negociar la futura relación", ha dicho May en una rueda de prensa conjunta con Juncker. "Recomendamos al Consejo Europeo que acepte que hay progresos suficientes en la negociación para pasar a la siguiente fase", ha dicho Juncker, "aunque queda mucho por hacer". Como prueba de que en la cuestión de la frontera queda todo por hacer, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ha asegurado que en la siguiente etapa de discusión "habrá un capítulo específico sobre Irlanda". El presidente del Consejo, Donald Tusk, ha explicado que hay un preacuerdo para empezar a negociar el periodo de transición —en principio dos años— entre el divorcio y la futura relación.

Lo siguiente será la futura relación comercial entre británicos y europeos. "El modelo será el acuerdo comercial con Canadá", ha dicho Barnier. Si ese es el modelo, vienen curvas: el CETA (ese pacto de libre comercio con Canadá) tardó ocho años en negociarse y ha tenido una tortuosa andadura hacia su ratificación, con las opiniones públicas de muchos países completamente divididas y un veto de última hora por parte de la región belga de Valonia que a punto estuvo de hacer naufragar el acuerdo.

Bruselas es una fábrica de apaños. Su especialidad son ese tipo de negociaciones de madrugada. Y ese ha sido el caso una vez más: particularmente en el capítulo de Irlanda. Juncker y May, en una frenética negociación en la que han participado también el primer ministro irlandés Leo Varadkar, y Arlene Foster (líder del partido norirlandés DUP, que apoya a May), evitan una frontera dura con Irlanda del Norte, y respetan a la vez la integridad del Reino Unido. ¿Cómo? Básicamente, retorciendo el lenguaje: en lugar de obligar a la "convergencia regulatoria" (que consiste en meter todo el derecho comunitario en la legislación británica para seguir estando dentro del mercado único y la unión aduanera), Bruselas y Londres pactan un "alineamiento reglamentario", un eufemismo que significa prácticamente lo mismo, pero es lo suficientemente ambiguo como para que May y sus socios de Gobierno puedan tragar esa píldora. Todo cambia para que todo siga igual: patada hacia delante con esa especie de Brexit blando para el "caso excepcional" de Irlanda.

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