En la primera asamblea de Fedecámaras, en febrero de 1944, Rómulo Betancourt planteó, inspirado en los grandes acuerdos sociales concebidos en el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, tras la crisis económica mundial de 1929; y ante las dificultades de nuestra economía por los efectos de la II Guerra Mundial y de la particular conflictividad laboral, que tanto empresarios como trabajadores debían abordar conjuntamente los “problemas que desbordan la pugna obrero-patronal y adquieren carácter de cuestiones nacionales”, insistiendo en que debían “buscarse todos los puntos de avenimiento posible entre capitalistas y trabajadores”.

Dos años más tarde, nuevamente en un acto organizado por Fedecámaras, Betancourt insistió, esta vez invocando el Pacto Obrero Industrial acordado en México (1945), en la conveniencia de un “avenimiento conciliatorio”, pues a su entender, esta idea permitiría “darle vitalización e impulso a la economía del país”.

Aquella idea fue tomando formas concretas durante el primer gobierno de Rómulo Betancourt, al frente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, pero el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948 impidió un acuerdo definitivo en este sentido. Sólo tras el derrocamiento de la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez, diez años más tarde pudo retomarse.

Para Betancourt, un proceso de avenimiento entre los actores fundamentales de la producción, más allá de su efecto coyuntural, tenía una importancia capital en su correlación con la instauración, mantenimiento y consolidación de un sistema liberal democrático; toda vez que este se constituía en regulador del ejercicio del poder económico, político y social, reconfigurando el estatus de los actores en el sistema social.

El avenimiento obrero-patronal fue firmado finalmente el 24 de abril de 1958, como el primero de una serie de acuerdos alcanzados entre diferentes sectores. Visto a la distancia y desde una aproximación sistémica, aquel consenso laboral fue el fundamento instrumental que garantizó el equilibrio socioproductivo que hizo factible el acuerdo sociopolítico expresado en el Pacto de Punto Fijo y su proyección en el “contrato social” que articuló orgánicamente aquel conjunto mayor de acuerdos sociales (la Declaración de Principios de los Profesionales Universitarios y Profesores del 21 de agosto, el Pacto de Unidad Estudiantil del 21 de noviembre, el Pacto de Puntofijo del 31 de octubre y el Programa Mínimo Conjunto del 6 de diciembre, entre otros tantos acuerdos de aquel año), conformando el complejo entramado que garantizó la vitalidad del sistema democrático representativo, puesto en marcha a partir de una estrategia política global, enmarcada en la llamada Revolución Democrática y orientada a la reinstauración y consolidación del modelo liberal democrático.

En un plano instrumental, el acuerdo encauzó y formalizó el espíritu unitario nacional de los sectores laborales, permitiendo superar el carácter economicista del reconstituído movimiento sindical, el pragmatismo o utilitarismo del empresariado, y la orientación hegemónica de las estructuras del Estado, evidenciando la valoración de la función social de estos actores y superando con ello la estimación exclusiva de la función industrial operativa de los mismos.

Aquellos ejemplos del pasado reciente y el carácter maquiavélico de estos tiempos nos hacen recordar que “aunque no es posible seguir exactamente el mismo camino ni alcanzar la perfección del modelo, todo hombre prudente debe entrar en el camino seguido por los grandes e imitar a los que han sido excelsos, para que, si no lo iguala en virtud, por lo menos se le acerque” (Maquiavelo, N.  Dixit).

Ya en nuestros días, y ante una crisis estructural que supera con creces cualquier otro momento en la historia contemporánea de nuestro país, mucho se ha dicho sobre la necesidad de alcanzar la unidad política, pero poco o nada sobre el establecimiento de otras “unidades” necesarias, y mucho menos de las articulaciones orgánicas que puedan darse entre ellas para garantizar, en un futuro mediato, un ambiente de armonía industrial imprescindible para la estabilización económica y sociopolítica, fundamento fáctico para la reinstauración definitiva de la República Liberal Democrática.

Luis Lauriño / Investigador
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