Un año tiene el actual Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para demostrar a la Organización de Naciones Unidas, que actúa de manera independiente y autónoma. Esto a propósito de la recomendación que hizo el subcomité de acreditación del Comité Internacional de Coordinación de Derechos Humanos, de rebajar la categoría a la institución venezolana de clase "A" a "B".

Entre los casos evaluados, considerados como "cuestiones críticas de derechos humanos" en Venezuela, se mencionaron "los juicios penales de los líderes sindicales por ejercer su derecho constitucional de huelga y protesta; las amenazas del Presidente Nicolás Maduro de incoar procedimientos penales contra líderes sindicales; la retirada de Venezuela de la Convención Americana sobre derechos Humanos". Así como las detenciones de dirigentes políticos.

En el informe de ese subcomité divulgado este viernes, se señala que esta decisión se sustenta en la evaluación realizada desde mayo de 2013, cuando conocieron sobre preocupaciones sobre las actuaciones del organismo. Y en marzo del año pasado fue acordada una "revisión especial de la clase de acreditación" sobre la base de sus actuaciones, declaraciones y tuits enviados desde la cuenta de la Defensoría y la de su titular, en ese momento, Gabriela Ramírez.

Aunque el subcomité reconoció que en diciembre de 2014, fue designado un nuevo Defensor del Pueblo, opina que esas actuaciones "son reflejo de una cultura institucional que puede afectar tanto a su credibilidad como al grado de confianza del público en ella, lo que hace que las personas se desanimen a dirigirse a la institución". Es por ello que considera que sigue siendo responsable de lo hecho por Ramírez.

En cualquier caso el actual Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, "tendrá la oportunidad, durante el año que tiene por delante para demostrar que la Defensoría es independiente y está preparada para hablar alto y claro en relación con las principales cuestiones de derechos humanos en Venezuela".

Actualidad Laboral/ASS