Cuando un cliente acaba contento con el servicio, deja una propina para aquel camarero que tan bien le ha tratado. Y en Estados Unidos, esta equivale al 10-20% del precio que ha costado la cena o comida. No obstante, la administración de Donald Trump tiene la intención de cambiar el destinatario de las propinas.

El secretario del Departamento de Trabajo, Alexander Acosta, pretende impulsar una ley que podría hacer que los dueños de los restaurantes se quedaran con el dinero que los clientes dejan para sus empleados. De esta manera, revocaría una norma promulgada durante el gobierno de Obama, que declaró que las propinas eran propiedad de los trabajadores.



En principio, la nueva regla está aparentemente diseñada para que una vez reunidas todas las propinas se repartan entre todos los trabajadores, incluidos aquellos que no están en la sala donde se sirve, como cocineros o los encargados de lavar los platos. De esta manera, se intentaría corregir la inequidad salarial que perjudica a la industria. Sin embargo, los expertos creen que hay gato encerrado.

La trampa está en que serán los dueños los encargados de hacer el reparto, ya que la ley les permitiría quedarse con las propinas mientras paguen a los trabajadores el salario mínimo federal de unos siete dólares por hora. Pero la duda es: si la ley les ampara quedarse con todas las propinas, ¿qué les impide no repartirlSería una medida muy seria, ya que el salario mínimo de los trabajadores de la industria está lejos de ser digno; y la mayoría de los trabajadores dependen de las propinas para cubrir algunos gastos. De hecho, algunos trabajadores que reciben propinas tienen un salario por hora mucho más bajo, incluso de dos dólares por hora, aunque la administración no pretende que estos estén sujetos a esta propuesta.

En un artículo de opinión de The Guardian, publicado por Heidi Shierholz, exjefa del Departamento de Trabajo de EE.UU., y David Weil, exadministrador de la división de salarios y horas en dicho departamento, “la administración les está dando una ganancia inesperada a los dueños de los restaurantes” e “intenta ocultar ese hecho al hablar de ello como si estuvieran ayudando a los trabajadores de la casa”.

Una afirmación que fue aparentemente confirmada días antes por el Instituto de Política Económica que, a partir de los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales y la Oficina del Censo, publicó un estudio –en el que participó Shierholz– que calculaba que los trabajadores perderían alrededor de 5.800 millones de dólares en propinas cada año.

La clave de esta ley la tiene la National Restaurant Association. Este grupo comercial fue quien la impulsó para que sus miembros pudieran incrementar los ingresos, lo que conllevaría una gran pérdida para los empleados. Algo que ya sabía el secretario Acosta. Según Bloomberg, el Departamento de Trabajo ocultó su propio análisis porque evidenciaría que tendría un negativo impacto en los trabajadores con propinas y no conseguiría su autorización.

Actualidad Laboral / Con información de Estrategia y Negocios