28-01-2020



La Comisión Europea ha iniciado los mecanismos de consulta para elaborar el primer boceto de salario mínimo en la Unión Europea y, con ello, ha generado una ola de rechazo en los países nórdicos, que ven en esta iniciativa una amenaza para sus modelos laborales de fijación de sueldos, una excepción dentro del territorio comunitario.


Desde que llegó a la Comisión Europea, Ursula von der Leyen prometió un salario mínimo para los trabajadores de la UE. El momento de la promesa fue julio de 2019, cuando estableció una agenda social de 100 días...que empezaron a contar el 1 de noviembre, día en que tomó posesión del cargo. La dirigente alemana no ha perdido el tiempo: a principios de enero encomendó al luxemburgués Nicolas Schmit la tarea de consultar a diferentes agentes sociales con el objetivo de ir trazando el diseño de ese particular SMI europeo, que apunta a ser aproximadamente el 60% de los sueldos medios de cada país. Y ya tiene las primeras señales de rechazo.


Provienen de los países nórdicos, que suponen una excepción en el panorama laboral europeo. Su fijación de sueldos (Dinamarca, Suecia y Finlandia, son tres de los seis países de UE que no tienen salario mínimo) responde a la negociación colectiva y los convenios de cada sector, ideas alejadas de lo que sucede en los otros 22 países de la Unión.



El temor de los países nórdicos, compartido por patronal y sindicatos, es que el establecimiento de un salario mínimo comunitario repercuta negativamente en los sueldos de sus trabajadores, que los pueda recortar o que pueda crear una jurisprudencia contra su propio modelo, que se quedaría al margen de la política laboral de la UE.


Se trata de una amenaza ante la cual la Comisión Europea ha querido salir al paso. En el texto de consultas aprobado por el organismo, se garantiza que el establecimiento de salarios más justos para los trabajadores europeos se haría "respetando las tradiciones nacionales, la autonomía de los agentes sociales y la libertad de la negociación colectiva".


Actualidad Laboral / Con información de El Economista Es