Se agota el lapso para la eliminación de la tercerización en las empresas públicas y privadas y, a juicio del vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), Francisco Torrealba, la tarea no se ha cumplido. “Creo que no hemos alcanzado aún el objetivo, y por lo tanto debemos seguir trabajando en la lucha contra este flagelo que desregulariza y flexibiliza la relación laboral, y pone en condición de desventaja al trabajador”.

Es por ello que planteó al Ejecutivo la prórroga, por 3 años más, de la vigencia de la Comisión Presidencial para el Seguimiento y la Aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), que vence el próximo 7 de mayo. “Todavía hay razones para seguirla observando (la ley) en su proceso de implementación plena. Hemos avanzado ciertamente, pero la verdad es que todavía hay tarea pendiente, a 3 años de su aprobación”.

Sin embargo, el plazo para la entrada en vigencia del fin de la tercerización, no podrá ser modificado por ser una disposición transitoria de una Ley Orgánica, lo que requeriría un cambio en el texto legal en el parlamento, según advirtió el dirigente sindical. “No está planteada una modificación de la Ley, la Ley se mantiene en todas sus partes”.

El reglamento tampoco ha sido promulgado por el Ejecutivo. Según la información que maneja el también integrante de la Comisión Presidencial para el Seguimiento y la Aplicación de la Lottt, un proyecto está a la espera de la revisión y aprobación por parte del Ministro para el Proceso Social de Trabajo, Jesús Martínez. Recomendó que se publique el 1ero de mayo, como parte de los anuncios presidenciales en materia laboral.

“Es un tema bastante complejo porque las interpretaciones, que ahora son libres, porque no está el reglamento, dan para que se haga prácticamente lo que se considere más conveniente. (…) Son muchas las incógnitas que hay que despejar en el marco de ese reglamento para que esté claro qué cosa es tercerización y cómo son sus formas, y qué cosas, eventualmente, no serán consideradas tercerización”, admitió Torrealba.

Pero no está previsto mecanismo alguno que permita la suspensión de la aplicación de sanciones a las empresas. “Quien esté aplicando tercerización, sea público, sea privado está, en consecuencia, incurriendo en violación a la Ley, y quien viola la Ley, tiene sanciones”.

A su juicio, podrían considerarse tercerizados algunos transportistas, trabajadores de comedores, profesionales que presten servicios a las Gobernaciones o Alcaldías, a través de fundaciones.

“Hay tercerización en el transporte cuando las unidades del Gobierno se entregan a particulares y se les cobra una tarifa diaria por usar las unidades y prestar el servicio, por ejemplo. (…) En las alcaldías, prestan servicios de atención médica, bajo la figura de una fundación, entonces la fundación contrata a enfermeras, médicos para que la alcaldía de servicios de atención médica sin tener el compromiso con los trabajadores (…)”, comentó.

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas